El concejal de Izquierda Unida, Raúl Salinero, denuncia que la remodelación de la oficina y la extinción de los contratos de las personas que se hicieron cargo del Área de Rehabilitación Centro Histórico (ARCH) han supuesto a las arcas municipales un coste de entre 660.000 euros y 1,4 millones. En su opinión, este sobrecoste atiende a que la gestión se hizo a través de Parkmusa en lugar de que fuera el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de forma directa.

Por un lado, el edil recordó que una parte importante de los gastos fueron motivados por la reforma que se realizó del local que el Ayuntamiento cedió a Parkmusa. Las obras de acondicionamiento y de equipamiento de las oficinas supusieron 390.000 euros, un coste que, según dijo el Salinero, se podría haber ahorrado si se hubiera gestionado con medios propios. Además, ahora el Consistorio reclama a Parkmusa 5.600 euros por el recibo de la comunidad de vecinos desde el año 2009 hasta 2013.

Por otro, las indemnizaciones por la extinción de los contratos a cuatro de los cinco trabajadores han supuesto 109.00 euros. Salinero recordó que esta plantilla tenía contratos «por obra» por lo que lo habitual es que cuando se termine la obra no exista indemnización. Critica también que la oficina se mantuvo abierta más allá de que terminase el programa del ARCH con la excusa de elaborar una memoria, tiempo durante el cual varios de los trabajadores siguieron cobrando sus sueldos. Uno de los técnicos fue despedido en diciembre de 2012 y tras acudir a la justicia denunciando que, la obra no había terminado (lo hizo en octubre de 2013), le dieron la razón y tuvo derecho a una indemnización de 27.000 euros. Por otro lado, otro de los trabajadores recibió otra indemnización de 26.500 euros al alegar que había hecho funciones para el Ayuntamiento, más allá del trabajo encomendado en el ARCH. Salinero apunta que el juez ha dado por bueno que hubo una «cesión ilegal de trabajadores» de Parkmusa al Ayuntamiento. Tras estos dos casos, ahora la entidad ha decidido negociar con los dos trabajadores restantes su indemnización para evitar otras sentencias en contra y, a la vez, una sanción de las autoridades laborales por esa cesión de trabajadores.

El portavoz de IU criticó el papel que, en todas estas circunstancias, ha tenido la concejal de Licencias, Dolores Calleja. También aseguró que ha quedado demostrado que estos trabajadores se encargaron de redactar el contrato de la gerente del Consorcio del Aeropuerto, así como el pliego para sacar a concurso la oficina de vivienda, asuntos que nada tienen que ver con la rehabilitación del centro.