Una nueva improvisación del PP, abre las puertas a la privatización de los autobuses urbanos .
El Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT) ha elaborado un borrador de pliego para un proceso de renting con opción de compra de siete nuevos autobuses.
El hecho de que se incluya la opción de compra tiene una cierta sensatez dentro del disparate que implica el renting. Este sistema nos ha implicado un gran desembolso en unos autobuses cuya vida útil será reducida.
El problema de esta operación es su gran coste. Más de cinco millones en siete autobuses, entorno a 700.000 euros cada vehículo. Es cierto que está incluido el mantenimiento durante esos diez años, pero es una cuantía muy alta.
Hay que preguntarse sobre la viabilidad de esta operación. La Gerente del SMYT ha elaborado un escueto informe en el que justifica esta iniciativa en el desgaste de los autobuses y en que existe una partida presupuestaria.
Sin embargo, una cosa es que haya partida presupuestaria y otra que ese dinero vaya a existir realmente. Son meras previsiones de gastos e ingresos. De hecho, desde Izquierda Unida ya se ha comentado que se ha previsto un incremento de 400.000 euros por ingresos tarifarios cuando está reduciéndose el número de usuarios.
También hay que considerar que la empresa que gestiona el renting puede tener cierta ventaja en este concurso, porque ya dispone de recursos para realizar las tareas de mantenimiento. En caso contrario, tendríamos una flota en parte propiedad municipal, parte propiedad de la UTE del renting de 2006 y una tercera empresa, adjudicataria del nuevo contrato.
El año pasado se realizó un borrador de informe justificando el renting que no tuvo el respaldo de Intervención. En el documento que acompaña el pliego tampoco se explican los motivos que han llevado a elegir el alquiler con opción a compra.
De acuerdo con el informe de la Gerente, la actual flota está compuesta de 61 autobuses. Dado que en 2008 eran 63, ya ha habido dos bajas. Por tanto, hay que ser cauto a la hora de retirar autobuses aprovechando la incorporación de los siete nuevos.
Según el pliego de condiciones, se trata de autobuses de formato estándar, doce metros de longitud, tres puertas y propulsados con diésel y biodiesel. Es destacable que deberán llevar dos rampas, la tradicional de accionamiento mecánico y otra manual. De este modo, se garantiza la accesibilidad, aunque ello no debería ser motivo para descuidar el mantenimiento de la mecánica. Por otro lado, la carrocería deberá proteger la rampa mecánica, y los ofertantes han de detallar el sistema de protección en su oferta.
El pliego sugiere el mismo tipo y color de asientos que las últimas unidades incorporadas. Esto tiene dos errores: en primer lugar, no se distinguen bien los asientos reservados a personas con movilidad reducida; en segundo lugar, son muy duros y llegan a ser deslizantes. Debería probarse una superficie tipo goma, que permite aunar un mayor confort con la facilidad de higiene.
Izquierda Unida ha presentado algunas preguntas en el Consejo de Administración del SMYT. En primer lugar, sobre la información al usuario, pidiendo que se mejore la que aparece en las marquesinas y algunos problemas derivados del SAE. También se han hecho preguntas relativas al mantenimiento.
Finalmente, se han planteado operadores de transporte público a los que se podría adquirir algún vehículo retirado. No se trataría de proponer la compra, sino de plantear que se estudie su viabilidad. Se han considerado dos factores: vehículos que, a priori, han sufrido poco vandalismo, y cuyos fabricantes sean los mismos que los autobuses que tiene el SMYT. De este modo, tendrían un estado adecuado y se facilitaría el mantenimiento y el intercambio de piezas.
El Equipo de Gobierno debe explicar a los ciudadanos qué intenciones tiene respecto al transporte público de Burgos. Debe aclarar qué acciones emprendería ante la finalización del contrato de renting, y evitar la improvisación con la que están actuando hasta ahora. Si el Concejal Rebollo no explica esto, deberá ser Ibáñez, como titular del Área de Fomento, quien debe asegura el futuro del transporte urbano de Burgos y su gestión público.