EN PASO 10 DE OCTUBRE EN BURGOS.
El secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social de IU es, además de uno de los hombres más próximos al coordinador general de la coalición, Cayo Lara, el abogado que dirige las causas en las que Izquierda Unida decide tomar partido. Así se convirtió en uno de los firmantes (junto a Ecologistas en Acción, la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y la Confederación de los Verdes) de la denuncia presentada tras la publicación de los papeles de Luis Bárcenas contra varios dirigentes de los ‘populares’ y un grupo de empresarios.
El 28 de febrero de 2013 Enrique Santiago pasó de ser un destacado dirigente de IU conocido en los círculos políticos a convertirse en el rostro de la acusación particular más contundente en el ‘caso Bárcenas’. Ayer disertó en el Salón Rojo acerca de un proceso que, pronostica, durará años y deberá vencer a los elementos para desarrollarse conforme a lo que, considera, es ya el escándalo político de más calado de la democracia, algo que él eleva a la categoría de «crimen».
Ha definido el ‘ caso Bárcenas’ como «la mayor operación delictiva de la historia reciente de nuestro país». Eso suena muy serio…
Es que es algo muy serio. Es un sistema que dura más de 25 años que consistía en poner el Consejo de Ministros al servicio de las grandes empresas constructoras que venían realizando pagos sistemáticos a cambio de la concesión de contratos millonarios y, por lo que concluimos a la vista de la instrucción, de poner a su disposición la definición de las políticas de infraestructuras del país. Lo que declaran los grandes empresarios de obra pública, como el señor Villar Mir, es que ellos no se reunían con ministros para hablar de contratos, sino de planes de infraestructuras. Eso explica que España sea el país de la UE que más porcentaje de su PIB ha dedicado a obra civil y de los que menos destina a presupuesto social. Por eso hay aeropuertos sin aviones, autopistas sin vehículos y estaciones de AVE sin pasajeros.
¿Cree usted que la instrucción logrará demostrar esas sospechas?
La instrucción ya ha demostrado la veracidad de esos papeles; no solo la autoría del señor Bárcenas, sino que se ha acreditado la veracidad de al menos 50 de los apuntes contables en sede judicial, tanto por declaraciones de los perceptores, que así lo reconocen, como por las diligencias practicadas por la Policía Judicial, que acreditan la relación directa entre los ingresos de donativos para blanquear el dinero y la contabilidad oficial del PP. Los únicos argumentos de defensa del PP y los constructores implicados son la presunta prescripción de los delitos. Ocurre que el Código Penal español está hecho con un claro criterio de clase, de forma que contempla penas muy laxas para delitos de índole económica que tienen un brutal impacto en la ciudadanía y son auténticos crímenes sociales y otras mucho más duras para delitos perpetrados por personas en riesgo de exclusión. La pena máxima del tráfico de influencias son tres años de cárcel. No es fácil conseguir condenas severas por estos delitos, y eso lo saben los presuntos delincuentes implicados en este caso.
Ustedes sostienen que actuaron por el temor a la prescripción de esos presuntos delitos…
Estos no prescriben porque son continuados y se considera que no terminan hasta la última actuación del proceso de ejecución del delito, por lo que en todo caso abarca hasta el año 2008, que es el último de los apuntes contables del señor Bárcenas. Hay otro tipo de delitos que prescriben a los 10 años. Es un problema que no nos preocupa demasiado porque se trata de delitos continuados y, sobre todo, de una asociación ilícita, que es como se describe en el Código Penal a una conjunción de personas puesta de acuerdo de forma permanente para la ejecución de una serie de delitos. Eso da más argumentos a nuestra teoría de la no prescripción. Por eso no contemplamos un posible sobreseimiento, y parece que el criterio del juez es bastante similar ya que refleja en cada auto que al menos cada uno de los apuntes hasta 2003 no habrían prescrito.
Entonces usted tiene claro que habrá juicio por estos hechos.
Yo lo que tengo claro es que toda la fontanería del Estado está trabajando para conseguir la nulidad de la actuación, pero eso lo tengo claro desde el día que presentamos la querella. Nosotros trabajamos porque haya juicio y condenas severas atendiendo al daño causado a la sociedad española con estos crímenes.
Habla como si tuviera dudas sobre la división de poderes…
Ha habido una parálisis por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y pongo ejemplos. Los papeles de Bárcenas los publicó El País el 30 de enero y hubo protestas ciudadanas por la importante alarma social. Sin embargo, la Fiscalía se limitó a abrir unas diligencias informativas que no tienen ningún efecto judicial ni paralizan las prescripciones, de manera que cuando presentamos la querella, un mes después, la Fiscalía no había realizado ninguna actuación que paralizara la prescripción. Es más, entre finales de enero y finales de febrero la inacción de Anticurrupción ha permitido que pueda discutirse la prescripción de delitos derivados del pago de al menos 330.000 euros que aparecen en el periodo enero-febrero de 2003 en los papeles de Bárcenas. Tampoco solicita la práctica de diligencias, pero sí se opone a las que pedimos otras acusaciones. Ha habido interrogatorios en los que no ha formulado una sola pregunta, así que es evidente que la Fiscalía Anticorrupción no está cumpliendo con su mandato. Nosotros atribuimos eso a una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
¿Contaba con la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas?
No me sorprendió nada. El PP ya lo anunció mediante un escrito en junio en el que decía que se habían borrado los datos de esos ordenadores supuestamente para asignárselos a otro usuario, un argumento atroz teniendo en cuenta que ningún empleado del PP va a usar ordenadores que tienen más de 15 años y no soportan ninguna red informática. También anunciaron que se había destruido el libro de visitas y las grabaciones de seguridad de Génova. No nos sorprende la actitud de constante encubrimiento del PP, una actuación lógica de una institución implicada de forma continuada. Es imposible que los dirigentes del PP desconocieran de dónde procedía el dinero que sistemáticamente cobraban esos mismos dirigentes en negro durante años y años. Cuando se paga en negro es porque se ha cobrado en negro.
No ha habido reacción por su parte a estos hechos.
La semana que viene vamos a presentar una querella contra el PP por estos delitos de encubrimiento. Desde enero de este año se contempla en el Código Penal la responsabilidad de las personas jurídicas, incluyendo los partidos. También irá contra responsables del PP que entendemos que han sido quienes han diseñado la actuación sistemática de encubrimiento.
Le doy una versión de los hechos y escucho su respuesta: Bárcenas actuó unilateralmente y de espaldas a la cúpula del Partido.
Eso lo puede haber dicho el señor Rajoy o la señora Cospedal perfectamente. Lo que hay es un intento de encubrir el delito. Es evidente que si Bárcenas hubiera actuado a espaldas del PP, el PP no habría estado tres años intentando comprar la voluntad del señor Bárcenas para que no contara lo que sabía. Lo hacían mediante sueldos astronómicos sin mediar ningún tipo de trabajo o con la adjudicación de prebendas como despacho, secretaria y coche oficial. Y luego está el apoyo explícito del presidente del Partido desvelado por los SMS que se han publicado y que el señor Rajoy no ha negado. El PP no niega los hechos: atribuye toda la responsabilidad al señor Bárcenas tomándonos por deficientes a los españoles al intentar hacernos creer que desconocían un sistema mantenido 20 años.
¿Esta presunta trama descendía hasta las provincias?
No cabe duda. La causa Gürtel es eso: un sistema equivalente de financiación del PP en diferentes comunidades autónomas puesto en práctica con los mismos parámetros que los que traslucen los papeles del señor Bárcenas. Uno nutría a la sede central y la otra las organizaciones regionales. Eso es lo que se ha puesto de manifiesto durante tres años largos de instrucción de la causa Gürtel. Lo que faltaba era ver el modelo, la matriz. Y la hemos conocido en enero de este año.
Bueno, esto va para largo…
La instrucción es de una complejidad pocas veces conocida en la Audiencia Nacional por el volumen de implicados y creo que todavía se requiere un número importante de meses de instrucción. Acabamos de ampliar la querella contra empresarios que hasta ahora no habían sido querellados. Atendiendo a los escasos recursos del juzgado que instruye la causa, y a pesar de los esfuerzos que nos consta que están haciendo, creo que queda bastante por delante.
Fuente: Diario de Burgos, del viernes 11 de octubre por Á.M.