Salinero investigará si hubo algún trato de favor a Pecaditos
Tal y como informó ayer este periódico, la franquicia acumula en la citada Concejalía, dirigida por Dolores Calleja, nueve expedientes sancionadores abiertos, de los que siete han terminado con una multa económica que, en los dos últimos casos, incluyen los agravantes de «dolo y reincidencia».
Con la excepción de un informe abierto como consecuencia del sistema de extracción de humos, el resto de expedientes y sanciones están relacionados con la ejecución de obras sin contar con la oportuna licencia y con la instalación de terrazas y veladores irregulares, ilegales o excesivos.
Sin embargo, y a pesar de la retahíla de multas, IU coinciden en señala que hay «evidencias» que apuntan a que esta empresa podría «haber recibido un trato de favor por parte de alguien del equipo de Gobierno», en palabras del concejal de IU, Raúl Salinero.
Lo que sí advierten las mismas fuentes, que provienen de un Grupo con tres concejales en la Comisión de Licencias, de la que también forma parte Salinero, es que «tenemos noticias de que las denuncias de la Policía Administrativa se produjeron pero después no se pidió ningún informe más para esclarecerlas» y que «el retraso en actuar sobre la terraza no autorizada en la calle Emiliano Aguirre (junto al MEH) es algo obvio».
En definitiva, el principal Grupo de la oposición, que ya había pedido en ocasiones anteriores información sobre algunos de estos hechos, cree que ha existido cierta laxitud a la hora de tramitar denuncias policiales relacionadas con estos locales y quiere saber a qué se debe.
La dichosa sanción
Pero no es este el único extremo que la oposición quiere aclarar. En opinión de IU, la propia Calleja «tiene que explicar por qué paralizó un expediente sancionador por infracción urbanística a La Sirenita de la Plaza Mayor». Salinero se refiere a la denuncia efectuada por la Policía Local a finales de febrero de este año en la que se reflejaba que se estaban ejecutando obras sin licencia o, para ser exactos, con una licencia menor.
Los técnicos elaboraron el pertinente expediente y propusieron imponer una sanción que debía ir de 1.000 a 10.000 euros, conforme a lo establecido en la ordenanza. Sin embargo, y tal y como Calleja explicó a este periódico, ella tomó la decisión de no sancionar porque todo el expediente para conceder la licencia ya estaba elaborado y contaba con todos los informes a favor, por lo que únicamente restaba firmar el permiso. La concejala ‘popular’ consideró que en esas circunstancias no procedía sancionar.
«El problema es que ella no es quién para tomar una decisión así. Cuando los técnicos elaboran un expediente sancionador lo más que puede hacer la concejala es mediar para que se reduzca la sanción, cosa que por cierto hizo en varias ocasiones con este hostelero, pero no decretar el indulto porque eso genera agravios con otros ciudadanos», defiende Salinero.
La titular de Licencias, por su parte, explicó a este periódico que dejar en suspenso una sanción no es algo que se haga con un hostelero en concreto, sino que se valora siempre y cuando «existan argumentos de peso» en los que la administración, o más en concreto su agilidad, puedan tener algo que ver en los ‘ataques de prisas’ de un hostelero.
Fuente: Diario de Burgos de Á.M.