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Rescatar Caja Burgos para que pase a ser propiedad pública

Para Izquierda Unida de Burgos después de los acuerdos entre el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Marino Rajoy, en relación con las Cajas de Ahorros fundamentados “en aras de avanzar en la profesionalización de estas entidades y de facilitar su acceso al capital a través de cuotas participativas con derechos políticos.”, es decir, de reformar la LORCA para acelerar su proceso de integración en la Banca privada, no es posible defender las Cajas de Ahorros como entidades al servicio de los intereses sociales sin pedir, frente al proceso de privatización encubierto iniciado en los últimos tiempos, la nacionalización de las Cajas de Ahorro para convertirlas en una empresa pública, movimiento que afectaría a Caja Burgos.

Anteriormente habíamos descrito el peligro que corría Caja Burgos al integrarse en Banca Cívica avisando del proceso de separación del negocio financiero del la Obra Benéfica y Social, haciendo desaparecer a medio plazo esta último y convirtiendo lo primero en sector bancario privado. Pero ahora el escenario ha cambiado y la ofensiva en este sentido para el conjunto del sistema de Cajas de Ahorro ha cambiado hacia peor.

Para el Coordinador Provincial de Izquierda Unida de Burgos, Pedro Mª De Palacio, “Nos enfrentamos a una ofensiva de una envergadura sin precedentes abanderada por el Banco de España, el PSOE, PP, PNV y CiU debido a que las Cajas tienen casi el 50% de los depósitos de ahorro y otorgan casi el 50% de los créditos y el éxito de esa ofensiva para su privatización representaría la apropiación de recursos más gigantesca de la Historia de España para su gestión en beneficio de intereses privados. Desde el ángulo opuesto, es decir desde una óptica democrática y popular, el éxito de esa ofensiva implicaría un gravísimo límite para la consolidación de un nuevo modelo productivo, creador de empleo y medioambientalmente sostenible, y en el que pueda consolidarse una gestión democrática de la economía. La dimisión de Quintás como Presidente de la CECA y la disputa entre Fainé (Caixa) y Franco (Ibercaja), resuelta a favor del primero para sucederle es una primera victoria de los privatizadores. Tras todo esto sería ingenuo e inútil por nuestra parte mantener nuestro compromiso de respetar la naturaleza jurídica de las Cajas. Este acuerdo nos obliga a acentuar nuestro enfoque de las Cajas de Ahorro como un tipo de Banca Pública.

Por lo tanto en primer lugar exigimos la modificación de la LORCA para en segundo lugar dotarla de la forma legal adecuada para la Constitución de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, vinculado al territorio, bajo la forma de Empresas Públicas de carácter financiero, dependientes de la Comunidad Autónoma de tutela y mancomunadas a nivel del estado; Prohibir en el redactado de la Ley de cualquier tipo de operaciones hacia o desde paraísos fiscales y la realización de actividades no vinculadas a la economía productiva a al apoyo a las familias; Regulación de las Obras Sociales de las Cajas, que no podrán sustituir las políticas culturales, sociales, educativas y de bienestar de las administraciones; Garantizar un control democrático de la gestión de las cajas. e) Se asegurará el 50% para la representación de la CC.AA de la que depende cada Caja y de los Ayuntamientos en los que opera. y un 20% para los representantes de los trabajadores. El 30% restante debe asegurar la participación de los impositores, superando el actual proceso censitario y de instituciones sociales de carácter público (Universidades, por ejemplo); Reglamentación del control de las operaciones de venta o enajenación bajo cualquier concepto de activos de las Cajas o de sus participaciones en empresas, que deberán ser aprobadas en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de referencia cuando superen una cierta cantidad. Los miembros de los Consejos de Administración de empresas participadas o de las Corporaciones Industriales de las Cajas responderán ante el Consejo de la Caja y comparecerán ante los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de tutela; se respeten los puestos de trabajo, actualmente existentes o soluciones alternativas que cuenten con el acuerdo de los Sindicatos y no representen costes añadidos para la Seguridad Social. Las Cajas involucradas presentarán un Plan Social detallado con las propuestas, en su caso, de reubicación funcional de los trabajadores afectados. Entre estas debe contemplarse la posibilidad de recolocación en el ICO para su despliegue funcional en el territorio o en las instituciones que surjan como consecuencia del nuevo modelo.

Por lo tanto, una vez que el PSOE y el PP se han quitado la careta sobre su verdadera posición en este tema, trasladamos nuestro posicionamiento a la sociedad española y burgalesa con nuestro posicionamiento de forma global (Nacionalización de las Cajas de Ahorro para su conversión en empresas públicas) y de forma más concreta para Caja Burgos, ya que no estamos dispuestos a aceptar su progresiva privatización encubierta a través del SIP de Banca Cívica sin denunciarlo y sin a la vez presentar nuestra alternativa, que en nuestra opinión es la única que garantiza que el capital de las Cajas de Ahorro pueda estar al servicio de las necesidades de la sociedad en vez de a los intereses de la Banca privada. Por lo tanto exigimos la rectificación inmediata a los poderes públicos, especialmente a la Junta de Castilla y León, sobre la integración de Caja Burgos en Banca Cívica para poder transformarla de verdad en un servicio público al servicio de las clases populares”.

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