El concejal de IU, Raúl Salinero, acusó ayer a la concejala de Licencias, Dolores Calleja, de haber «presionado a los instructores» de los expedientes sancionadores abiertos por el Ayuntamiento a la cadena de bares Pecaditos y La Sirenita con al finalidad de «reducir al mínimo» las multas propuestas por los técnicos municipales encargados de velar por el cumplimiento de las ordenanzas.
A pesar de que en siete ocasiones los informes desembocaron en sanciones económicas que suman casi 7.000 euros en total, el edil cree acreditado, tras haber estudiado todos los expedientes, que «desde luego existió un trato de favor» hacia un hostelero concreto, aspecto que quiere dilucidar con el testimonio de los técnicos y policías que efectuaron las denuncias.
A juicio de Salinero, hay dos «pruebas» de su acusación. La primera es que «dejó caducar de forma intencionada» un expediente sancionador por infracción urbanística en el local de Sombrerería, 1, convertido en La Sirenita a lo largo de este año. La concejala explicó que la denuncia de la Policía por ejecutar una reforma total sin licencia entró el 26 de febrero y que, cuando quiso interesarse por el caso, «ya estaba preparada la licencia de obras para ser firmada», motivo por el que consideró que no existía mala fe y decidió no firmar la sanción, que debería oscilar entre 1.000 y 10.000 euros.
Sin embargo, el concejal de la coalición defiende que «en el expediente consta que el 9 de enero un técnico municipal ya puso por escrito que se estaba realizando una obra para la que no había licencia, así que no considera que «el argumento de Calleja sea válido». «Ella no es quien para indultar a un infractor y en este caso lo hizo intencionadamente».
El segundo caso en el que el único representante de IU en el Consistorio cimienta su contundente acusación son los dos últimos expedientes sancionadores abiertos. En este caso se trataba de sendas infracciones a la ordenanza de terrazas: una en el mismo local (La Sirenita de Sombrerería, 1) y otra en el Pecaditos de la calle San Pablo.
La Policía denunció la existencia de terrazas ilegales (sin licencia) en ambos establecimientos y el técnico que instruyó los casos propuso una sanción de 2.500 euros para cada local entendiendo que el hostelero estaba incurriendo en reincidencia. Además, le adjudicaba dolo por reconocer en sus alegaciones que «el objetivo no era cumplir la norma, sino abrir cuanto antes».
Las presiones
Según el concejal, el técnico que informó fue «presionado por Calleja, que quería dejar la sanción en el mínimo» y por eso «forzó una reunión con Secretaría para tratar de desacreditar al instructor y lograr reducir la sanción». Secretaría apoyó al técnico, «pero lo cierto es que ambas se redujeron sensiblemente» y «tardaron semanas en firmarse porque Calleja se negaba».
Fuente: Diario de Burgos, de Á.M.
