La Asamblea de Burgos de IU junto a la PAH se concentraron ante Caja Duero y Caja de Burgos para forzar dos daciones en pago
La Asamblea de Burgos de IU y una treintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos (PAH) se concentraron ayer ante las sucursales de Caja España-Duero de la avenida del Cid y de Caja de Burgos de la Casa del Cordón para forzar dos daciones en pago de sendas viviendas cuyos titulares tienen contratadas sus hipotecas con ambas entidades financieras.
La primera concentración se inició a las 9.30 horas y se prolongó durante media hora frente a las puertas de Caja España-Duero. Los miembros de la Plataforma corearon consignas como: ‘La banca estafa, engaña y desahucia’, ‘Desahucian al obrero y rescatan al banquero’ o ‘Vergüenza me daría echar a una familia’ al tiempo que realizaron ruido con cacerolas y sartenes y una sonora pitada.
Ante la presencia de los manifestantes, los trabajadores de la sucursal decidieron cerrar las puertas. Posteriormente, se presentó una dotación con seis agentes de la Policía Nacional que en ningún momento tuvieron que intervenir dado el comportamiento pacífico de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La comitiva posteriormente se desplazó hasta la sede central de Caja de Burgos, donde también llevaron a cabo la protesta. La concentración frente a las puertas de las entidades financieras es la última medida de presión que utiliza la Plataforma porque prefiere una negociación de la dación en pago sin cargas en cada uno de los casos. Por lo que se refiere a Caja España-Duero está afectada una familia cuya casa fue subastada en septiembre y a la que el pasado 8 de mayo acudió una comitiva judicial para proceder al desahucio. Finalmente, la intervención de la Plataforma logró retrasar el desalojo hasta el 30 de junio para permitir que el hijo menor pueda acabar el curso.
Por lo que se refiere a la vivienda con hipoteca en Caja de Burgos, la entidad solo acepta una dación parcial del 80% y deja a la familia una deuda de 12.000 euros, que no pueden abonar.
