«El equipo de Gobierno se ha comportado como el señorito del cortijo para que ellos y sus afines puedan ir a los toros, y para eso no ha dudado en llevar una tramitación del caso que no se ajusta a la legalidad». El concejal de IU, Raúl Salinero, expuso ayer la postura de su Grupo, el único que todavía no lo había hecho, sobre el serial de la plaza de toros desencadenado cuando, en el mes de enero, los técnicos municipales se negaron a firmar el certificado de seguridad preceptivo para poder abrir El Plantío en los Sampedros.
El edil fue muy crítico con los pasos dados desde el primer momento y acusó al PP de anteponer los toros a los procedimientos y a la propia seguridad de los aficionados. Para sostener sus afirmaciones, destiló una serie de hechos de forma cronológica.
Lo primero fue señalar que el «encargo a la UBU de un estudio a través de un telefonazo» no respetó los trámites legales, asegurando que existe un «informe jurídico que dice que este encargo no se ajustó a la Ley».
Una vez que se tomó la determinación de acometer obras para salvar el ciclo de 2013, se produjo un nuevo encargo a la UBU para elaborar el proyecto que permita acometer las mejoras mínimas e imprescindibles para abrir en las fiestas. Ese proyecto ya ha sido adjudicado, «y tal y como yo dije el viernes de la semana pasada ha ido a parar a Construcciones Ortega». Lo curioso es que la adjudicación se produjo ayer.
Al seguir el trámite por procedimiento negociado, el Ayuntamiento invitó a tres empresas a pujar por quedarse con la obra: Ortega, Río Vena y Labelbur. Río Vena, continuó el edil, declinó la invitación a participar en las obras y la mesa de contratación decidió entre las dos restantes.
Pero lo que «más nos preocupa», continuó el concejal de la coalición, es lo que recoge la propia memoria del proyecto de obras. En ella se dice, literalmente, que se ha realizado «por encargo y decisión del Ayuntamiento» y que «más allá de estos eventos no queda garantizada la seguridad estructural de la plaza para la celebración de espectáculos públicos». Esto es, que los ingenieros de la UBU no firman que se puedan llenar los tendidos ni un día más allá de la feria a pesar de las obras de consolidación, que se han adjudicado en un coste de 133.000 euros.
También se desprende de la memoria que la monitorización de los tendidos para analizar su comportamientos antes, durante y después de cada corrida la ha exigido la UBU por si fuera necesario reparar sobre la marcha alguna pieza. Pero en lo que abundó IU es en que se recoge explícitamente que «no todos los elementos estructurales van a tener igual comportamiento bajo carga» porque «cada elemento tiene diferente grado de deterioro».
A juicio de Salinero, eso implica que habrá un proceso en vivo de «ensayo y error» con los aficionados, pero «la seguridad es un término absoluto porque o la hay o no la hay». El proyecto está firmado por la mitad del equipo que inició el análisis del coso.
