IU Burgos exige una Comisión de Investigación por la estafa a la ciudadanía en el Caso «Cicasa-Beyre».
Salinero recrimina al vicealcalde que culpe a los funcionarios de que hayan prescrito 187.000 euros y ve similitudes con el «caso Espolón»
Fuente: Diario de Burgos de J.M.
Otro ‘caso Espolón’. Así definió ayer el concejal de Izquierda Unida, Raúl Salinero, la inacción que ha permitido que el Ayuntamiento haya dejado prescribir 187.000 de los 339.064 euros que las comunidades de propietarios de Cicasa-Beyre tenían que abonar entre 2004 y 2008 por la obra de urbanización de la plaza (el 65% del total de la actuación), tal y como ha publicado este periódico. Para tratar de esclarecer por qué no se hizo ninguna reclamación hasta 2012, el edil anticipó que su formación exigirá una comisión de investigación que, según vaticinó, «nos negarán» para que «los ciudadanos no sepan la verdad».
En caso de que la petición no prospere, el siguiente paso de Salinero será pedir un informe a Secretaría General para que se indague en el impago y se aclare qué es lo que ocurrió en 2009. El expediente incluye un escrito de esa fecha, «que nos llama poderosamente la atención», en el que se reconoce la existencia de la deuda y que, sin embargo, no sirvió para reclamar nada. Lo que se pretende, según añadió, es saber qué motivó que dos técnicos municipales lo firmaran y esclarecer si se trasladó o no a otra área.
Más allá de las respuestas que se puedan dar tras ahondar en el caso, Salinero criticó que el vicealcalde «siempre culpe a los funcionarios» cuando en realidad los responsables son «el dúo Lacalle e Ibáñez». Más del regidor, según añadió, ya que el informe que se ha elaborado recientemente y que ya avanzó este periódico reconoce que fue en Fomento donde se originó el error.
Pero antes que en 2009, Salinero también recordó que se fueron realizando trámites administrativos sin que se tomara ninguna iniciativa encaminada al cobro de la deuda pendiente. Sin ir más lejos, indicó a modo de ejemplo, «la visita a Cicasa-Beyre que hizo el concejal de Urbanismo (ahora alcalde) en 2006», en la que no se les ocurrió decirles a los vecinos «que tenían que pagar». Hasta esa fecha, detalló que ya se tenían que haber recaudado 93.600 euros.
Salinero, que en todo momento relacionó similitudes con lo sucedido en la cafetería Espolón, se refirió a esta nueva situación como el ‘caso Cicasa-Beyre’. El Ayuntamiento trató de corregir este error en diciembre de 2011, apenas tres meses después de que estallara la famosa polémica con el hostelero y ya con un nuevo equipo de Gobierno en el Consistorio.
El concejal de IU reprochó «las tremendas sumas de dinero» que por casos de este tipo ha dejado de ingresar el Ayuntamiento y culpó a los responsables políticos de que «cuando hay que reclamar a los suyos decidan no hacerlo».
Sobre la providencia para que los vecinos abonen 151.000 euros de la única anualidad que se puede cobrar, Salinero afirmó que sí podría tener una explicación para que ese importe sea mayor a los 46.800 que se admiten caducados de cada uno de los cuatro años anteriores (los que ya han prescrito). Y es que, a juicio del edil, el Consistorio suele actuar de esta forma, reclamando primero cantidades más pequeñas y requiriendo al final los pagos más elevados.
LOS VECINOS
Mientras tanto, los residentes mantienen que no deben pagar nada ya que consideran que es la administración la que debe hacerse cargo de su coste. Y defienden que el convenio que firmaron es nulo ya que la obra se adjudicó en 521.000 euros en lugar de los 360.000 previstos. Si no prospera su recurso al Tribunal Económico Administrativo acudirán al juzgado.
