GAROÑA Y LA ENERGÍA NUCLEAR
Históricamente en Izquierda Unida, junto a las organizaciones ecologistas, nos hemos pronunciado contra el uso de la energía nuclear como método para la generación de electricidad; exigiendo sucesivamente a los «diferentes Gobiernos», del PP y del PSOE, el abandono de esta tecnología por sus orígenes (armamento nuclear), su alto coste económico, (factura eléctrica, gestión de sus residuos, ATC, mantenimiento del C.S.N.), su peligrosidad (recordemos Therre Mille Island, Chernóbil o Fukushima), etc.
En los últimos años, tras la catástrofe nuclear en Japón, la alarma social ha saltado, y ha aumentado la sensibilidad contra este tipo de instalaciones, haciendo crecer los pronunciamientos institucionales a favor del cierre de las centrales nucleares, y en especial la de Santa María de Garoña, por ser la más antigua de nuestro país tras el cierre de Zorita.
La Central nuclear de Santa María de Garoña, propiedad de NUCLENOR, participada al 50 % por Endesa e Iberdrola, comenzó a funcionar en 1971. Su potencia instalada es de 466 MG, y su vida útil inicialmente prevista era de 40 años, con lo que su cierre se tenía que haber producido, como muy tarde, en 2.011. La última autorización de funcionamiento tenía un alcance hasta 2.009, que el gobierno del PSOE amplio hasta 2.013, dejando la decisión del cierre en el tejado del gobierno del PP. Las pruebas realizadas tras el accidente de Fukushima (marzo de 2011), demostraron que Garoña estaba en muy mal estado, y tendría que realizar importantes obras para solventar los problemas de seguridad, lo que supondría una inversión de unos 150 millones de euros (sin contar la nueva refrigeración que tendría que poner siguiendo las instrucciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro).
En la actualidad Garoña está desconectada de la Red Eléctrica Española y en parada del reactor, desde el 16 de diciembre de 2012, al no solicitar Nuclenor su renovación de la autorización, debido al alto coste que supondría las inversiones que tendrían que realizar en ella por motivos de seguridad. El cese definitivo de la explotación se produjo el 6 de julio de 2013, estando actualmente en una situación de pre-desmantelamiento. En mayo de 2014 Nuclenor solicitaba ante el Ministerio de Industria la ampliación de la vida útilde la central hasta el año 2.031, con lo que llegaría a 60 años de vida útil.
Durante todo este tiempo el Consejo de Seguridad Nuclear (C.S.N.) ha tenido un papel importante, actuando de forma muy opaca en la tramitación de la solicitud de Nuclenor. El C.S.N., presidido por el ex-secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, tiene poca credibilidad, ya que su cúpula está formada por miembros vinculados al partido del Gobierno. Además, una treintena de personas técnicas del C.S.N. están denunciado las irregularidades dentro de este organismo, que pueden poner en riesgo la seguridad de las instalaciones, y las presiones a las que están sometidos a la hora de elaborar sus informes.
Lo que se pretende, más allá de la reapertura de una central que aporta una pequeña cantidad de energía al mix eléctrico, es abrir la puerta al aumento hasta los 60 años (de momento) de la vida útil de las centrales (recordar que la licencia de explotación de Almaraz I y II expira en 2020); manteniendo así un modelo energético basado en energías peligrosas y no renovables como es la energía nuclear. Un modelo que defiende el PP, pero que ha contado con otros actores principales como el PSOE, que paradójicamente dice reafirmar su compromiso sobre el cierre de Garoña. El Partido Socialista es participe, no solamente por no haber zanjado este asunto durante los años en los que pudo hacerlo, sino también, por su labor reciente como facilitador del nuevo ascenso al Gobierno del PP tras las últimas elecciones.
Desde IU continuamos denunciando la nefasta política energética que estamos sufriendo con el intento de alargar la vida útil de las centrales nucleares. Una política energética con medidas como: el gasto millonario que hemos tenido que pagar en el caso del Plan Castor; el despropósito medioambiental de la apertura de las puertas al fracking que afecta especialmente al norte de nuestra provincia; el Real Decreto que regula el autoconsumo procedente de fuentes renovables que penaliza y obstaculiza el legitimo derecho de la ciudadanía a producir su propia energía, y frena el desarrollo de las energías renovables.
La política energética está diseñada a medida de los intereses de la industria privada y de los grandes lobbys, y nace de los sillones de los consejos de administración de las grandes empresas, donde se sientan personas del PP y del PSOE, como Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado, Manuel Pizarro, Josep Borrell, que en su día ocuparon altos cargos en la Administración Pública, y que algo tienen que ver con la privatización del sector eléctrico.
Dentro de pocos días se reunirá el C.S.N. para resolver la solicitud de Nuclenor, diga lo que diga este cuestionado organismo, la decisión de reabrir Garoña le corresponde al Gobierno. Y una decisión en la línea de mantener esta central sería una irresponsabilidad desde el punto de vista ecológico, económico, social y también democrático, ya que el actual partido en el gobierno no tiene la legitimidad para adoptar una decisión como esta, en contra de la mayoría social.
Lo que está buscando Nuclenor (Endesa e Iberdrola) es que el C.S.N. emita un informe favorable para la reapertura de la Garoña; y, si luego no se reabre, poder exigir una cantidad millonaria de «lucro cesante», como ocurrió en el caso del Plan Castor. También buscan que Garoña sea la puerta para alargar la vida de las centrales nucleares de nuestro país hasta los 60 años. En definitiva, sólo piensan en sus intereses económicos, y no en los peligros que puede suponer para la sociedad el mantener este tipo de energía altamente peligrosa y cara.
Desde IU seguiremos reclamando el cierre progresivo de todas las centrales nucleares, el desmantelamiento urgente de Santa María de Garoña, y la elaboración de un Plan de Transición Energética basado en un modelo más sostenible ecológica, económica y socialmente. Porque sólo tenemos un planeta, finito, que debemos mantener y cuidar para las futuras generaciones.