En Burgos se defrauda 1 de cada 5 euros, casi en su mayoría por la banca y grandes empresas.
Declaraciones de Pedro De Palacio, Coordinador Provincial de IU Burgos:
Desde IU Burgos hemos hecho un análisis del último informe presentado por los técnicos fiscales del Ministerio de Hacienda y los últimos análisis sobre el mercado laboral en España, Castilla y León y la provincia de Burgos y llegamos a la fácil conclusión de la estrecha relación entre economía sumergida, fraude fiscal y la precarización del mercado laboral.
España tiene desde hace unos años unos altos índices de economía sumergida y fraude fiscal, los cuales están aumentando desde que estalló la crisis (a la vez que se reduce por los distintos gobiernos la partida presupuestaria del departamento de inspecciones fiscales). Según los técnicos del Ministerio de Hacienda el fraude fiscal en nuestro país alcanza el 24,6%, el cual es realizado en un 70% por la banca y las grandes empresas instaladas en el país. De las grandes economías de la UE es junto con Italia el país con mayor fraude fiscal. Haciendo una comparación con los países principales de la UE vemos que en Alemania, Francia y Gran Bretaña el fraude fiscal se sitúa entre el 10% y el 13%, es decir, que en España prácticamente doblamos la cifra de estos países, lo que es un verdadero escándalo.
Esto tiene graves consecuencias, empezando porque el Estado deja de recaudar anualmente unos 70.000 millones de euros. Si se abordase con voluntad real la cuestión del fraude fiscal en nuestro país este dinero serviría para desmontar el discurso de que hay que recortar en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc. Y es aún más grave si tenemos en cuenta que es una vía importante para que la banca y las grandes empresas evadan impuestos, razón importante por la cual en España la inmensa mayoría de los impuestos recaudados por el Estado proceden de las rentas del pueblo trabajador y los grandes capitales prácticamente no tributan.
En Castilla y León el nivel de economía sumergida y fraude fiscal es del 26,4%, es decir uno de cada cuatro euros que circula es fraudulento. En Burgos la cifra se sitúa en el 21,8%.
Esto tiene mucho que ver con las cifras de paro y precarización del mercado laboral que sufrimos en nuestra provincia. Implica mayor tasa de paro, más trabajadores contratados a tiempo parcial pero que luego realizan jornada completa, aumento enorme de las horas extras no remuneradas, y finalmente hay una clara vinculación entre economía sumergida y la corrupción. Lógicamente, lleva acompañado la inexistencia de regulaciones, malas condiciones laborales, falta de medidas de protección laboral, consecuencias graves a largo plazo ya que al no haber pagos a la Seguridad Social no se tiene o se tiene limitado el acceso a prestaciones y a una jubilación digna en el futuro, etc.
Muy relacionado con esto está que el empleo por horas se esté convirtiendo en el contrato estrella del mercado laboral, y más en una provincia como la nuestra en la que se está viendo gravemente afectado el tejido productivo por las políticas mal llamadas de austeridad y la falta de política industrial en el país, sobreviviendo sectores que implican altas cifras de precariedad laboral, amplias posibilidades de fraude fiscal, etc. En el año 2013 el 32% de los contratos de empleo que se realizaron en la provincia fueron de empleo por horas (media jornada, etc.) en vez de jornada completa, mientras que sólo el 6% de los contratos fueron indefinidos. Es decir, estamos en una reforma estructural de nuestro mercado laboral en contra de la mayoría social. Esto, además de las consecuencias negativas ya mencionadas, implica también una feminización de la pobreza, ya que este tipo de contratos son superiores en las mujeres que en los hombres, y se da sobretodo en las grandes superficies y en el sector hostelero.
Para IU Burgos todo esto forma parte de un paquete de políticas gubernamentales contra la mayoría social y que sólo benefician a una minoría privilegiada. Hay que atacar por parte de los poderes públicos el fraude fiscal (repetimos que realizado fundamentalmente por las grandes empresas y la banca) y proteger al pueblo trabajador de la economía sumergida para tener garantías de una vida digna, lo cual implica no sólo redirigir la profundidad de la inspección fiscal a los grandes defraudadores sino también desarrollar políticas activas de empleo por parte de los poderes públicos para que la mayoría social no se vea obligada a elegir entre estar en el paro o trabajar en negro.
