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El rescate de la deuda del Consorcio del Desvío Ferroviario diseñado por el PP, hace aguas y pone en peligro a la ciudadanía.

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El concejal de IU, Raúl Salinero, asegura que el acuerdo con el Ayuntamiento no se ajusta ni a la normativa ni a la realidad.

El convenio firmado, el pasado mes de febrero, entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio del Desvío Ferroviario «supone un rescate controlado del propio Consorcio y su posterior disolución en enero de 2016» según explicó ayer el concejal de IU, Raúl Salinero.

El convenio recoge la posibilidad de demorar la deuda, hasta el 30 de enero de 2016, que el Consorcio tiene contraída por el impago de impuestos (IBI y tasa de basuras). Lo que aclaró el concejal es que «dicho convenio sólo permite demorar la deuda contraída el pasado 2013 y que asciende a 553.800 euros, no la futura deuda que pueda generarse en los años 2014 y 2015».

En este sentido, una vez aprobado el convenio vía pleno y, en el cual, dentro de las modificaciones de crédito que se realizaron en el mismo, el Ayuntamiento destinó 1,2 millones de euros para el Consorcio, el propio Consorcio envía un documento al Consistorio en el que cual «pide aplazar la deuda  que pueda ir contrayendo por el impago de dichos impuestos municipales hasta enero de 2016», según afirma Salinero.

A raíz de dicha petición, Secretaría General, realiza un informe en el que afirma que el Consorcio no es una administración pública  por lo que, para demorar la deuda, debe presentar un aval. «Este hecho pone aún más en riesgo la propia viabilidad del Consorcio, que ya de por si es inviable», asegura el edil de IU.

Es, tras este informe, cuando el documento es enviado a Tesorería, donde se detecta que el Consorcio debe los 553.800 euros, en concepto de impago de impuestos en 2013. Asimismo, según afirma Salinero, « el documento recoge que el aplazamiento de la futura deuda que pueda contraerse en los años 2014 y 2015, valorada en 2,5 millones de euros, no está recogida dentro de la negociación de trasladar la deuda en el tiempo, sino sólo la contraída en 2013».

De este modo, el Consorcio tiene un plazo de dos meses, desde la fecha de la aprobación del convenio, para presentar un aval por valor de 553.800 euros, «a los que se deberá sumar los intereses de demora hasta enero de 2016 y una recarga del 25%  sumando los dos primeros conceptos, por lo que la deuda podría ascender a cerca de 900.000 euros», según explica Salinero, «lo que agravaría la propia situación económica del Consorcio». Asimismo, el concejal asegura que a la deuda de 2013 hay que sumar la futura deuda de 2014 y 2015, por lo que «habrá que negociar, año por año».

Salinero asegura que “es imposible que el Consorcio presente un aval, debido a la deuda de 167 millones de euro que tiene contraída con las entidade financiera”. De esta manera, en cao de no hacerlo, “el Consorcio deberá presentas una jutificación que refleje que dos entidades bancrias le han denegado el aval, así como un blance de cuentas detalladas del ejercicio 2013 y una valoración de los biene que poee, a modo de garantía”. En este sentido, el concejal asegura que “los únicos biene del Consorcio son parcelas que han visto mermado su valor a la mitad, pasando de 160 millones de euros”. Sin embargo, es a trvé de la venta de etas parcela como el Consorcio pretende ingrear 1,7 millones de euro en 2014. Salinero califica de incongruente este hecho ya que “dichas parcelas deben preentarse como grantía de bienes y estarían embargadas, por parte del Ayuntamiento, hasta enero de 2016, lo que supondría que el Consorcio no ingresaría nada”.

Llegados a este punto, el edil critica al equipo de Gobierno que el convenio firmado “etá basado en la improvisación y no se ajusta ni a la realidad ni a la normtiv” y que “lo importnte es intentar mermar el golper que pueda suponer la disolución del Consorcio para que fecte lo menos posible a Ayuntamiento y al bolsillo de los ciudadanos”.

Fuente: Correo de Burgos

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