El PP propicia que el servicio de movilidad y transporte público se gangrene, para amputarlo de lo público.
Héctor Gracía, Área de Movilidad de IU, «el PP está dejando que se gangrene el servicio de movilidad y transporte público, para amputarlo de lo público».
El jueves 3 se celebró un Consejo de Administración del SAMYT en el que se aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de diversas facturas.
Un primer grupo de facturas, correspondientes a suministros y servicios prestados en 2012, suman un total de entorno a 250.000 euros. Entorno a cuatro quintos de esa cantidad corresponde al suministro de diésel. El resto incluye otros conceptos, como inspecciones técnicas de vehículos, servicios de vigilancia de instalaciones o reprografía.
Esta demora en el pago de las facturas es impropia de una institución seria que presume de superávit. Genera problemas en los proveedores. Además, para abonar algunas de esas facturas, se minorará el límite de gasto de determinadas partidas del presupuesto de este año.
También es destacable que otros 380.000 euros en diésel se abonarán mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito. Este gasto procede del año 2013. En este caso, procede de un suministro posterior a la finalización del contrato. Intervención ha advertido de que este servicio ha de basarse en un contrato sujeto a la legislación administrativa.
Otro concepto cuya factura se aprobó es la de la compensación a los taxistas por los bono-taxi. Procede de bonos recogidos entre noviembre de 2013 y enero de 2014 y asciende a un total de 2900 euros.
Por último, cabe señalar que se han incluido facturas de operaciones de mantenimiento de los autobuses de renting de los meses de abril, agosto y septiembre de 2013 y enero de 2014, que suman un total de 49.650 euros. Hay que destacar que el contrato de renting incluye un canon de mantenimiento, en principio podría deducirse que no cabe presentar facturas aparte, y por ello, se pedirá mayor detalle sobre este concepto.
Otras facturas incluidas proceden de la UTE que gestiona el servicio Bicibur, algunas por reparaciones debidas a actos de vandalismo. Desde Izquierda Unida se vigilará este tema para evitar que por ese motivo pueda producirse una sobrefacturación.
Finalmente, un informe técnico recomienda que se considere la edad de trece años como vida útil de los autobuses a efectos de nuevas incorporaciones. Esto se une a la negativa de Intervención a suscribir el informe que recomendaba el renting respecto a la compra.
Esto es un nuevo cambio de idea en el Equipo de Gobierno, que no aclara qué sistema de incorporación de autobuses pretende utilizar para garantizar la viabilidad del SAMYT.
Efectivamente, la edad límite de diez años es una cuestión arbitraria, y un autobús puede prestar un servicio satisfactorio una vez superada dicha edad. Esto contrasta con unas declaraciones del Concejal De Foronda que apostaba por el límite de los diez años. De cumplirse esa idea, implicaría un mayor desembolso en vehículos nuevos.
El Concejal de Hacienda también defendió el sistema de renting, afirmando que se utilizaba por todos los operadores de transportes, sin especificar de qué tipo. En realidad, el renting es minoritario y se usa en pocas ciudades, como Tarragona, Santander o Reus. De hecho, Palma de Mallorca, en cuyo sistema de renting se basó Burgos, renunció a dicho esquema y ya tiene toda la flota en propiedad.
El renting implica una peor adaptación a las condiciones económicas e impide flexibilizar la vida útil de los autobuses. En 2016 tenemos el problema de devolver los 27 alquilados y desde el Equipo de Gobierno no se aclara qué tienen pensado para el futuro del SAMYT.