Burgos Ciudad

Continúa la inacción del PP en el transporte público.

images Coordinador del Área de Movilidad de IU, Héctor García.

Mientras el PP no hace nada para evitar el deterioro del SAMYT, un nuevo informe técnico cuestiona las prioridades de este y el anterior Equipo de Gobierno.

En otoño, el Alcalde salió al paso de la polémica sobre el transporte urbano al prometer la incorporación de nuevos autobuses. Se redactó un informe en el que se justificaba la opción del renting. Este documento no recibió el visto bueno de Intervención, dado que presentaba carencias.

Más adelante, la Gerencia emitió un escueto informe en el que, con una pobre argumentación, se decantaba por el renting con opción a compra. Ahora, Intervención ha redactado un nuevo informe en el que hace constar que no hay crédito presupuestario suficiente para llevar a cabo este procedimiento.

De nuevo, un bandazo del Partido Popular, que continúa perdiendo el tiempo sin buscar el modo más adecuado de garantizar la viabilidad del SAMYT ante el fin del contrato de renting en 2016. De seguir así, el Servicio colapsará y se quedará sin flota.

Por otro lado, desde la sección de Material del Servicio de Transportes se ha redactado otro informe en el que se tratan diversas cuestiones sobre los vehículos.

En ese informe no se valora si el precio de los vehículos es mayor o menor con renting o adquisición directa, y se considera que es algo que deberán aclarar otros departamentos del Ayuntamiento.

En ese documento se advierte de que es un error plantear una edad límite concreta para los autobuses como criterio único para su retirada de servicio. En su lugar, lo racional sería considerar el estado real del vehículo.

Esto debería llevarnos a reflexionar. En los últimos años se ha extendido una obsesión por establecer unas edades máximas, llegando a situaciones incomprensibles. Mientras la EMT de Madrid está acondicionando autobuses para alargar su vida útil, la Comunidad mantiene unas normas estrictas de retirada a las concesionarias de líneas interurbanas. En los últimos años, se han incrementado notablemente las tarifas y se han recortado servicios. Una edad límite estricta, pero a cambio de incrementar tarifas y reducir servicios no es oportuno.

En contraste con lo expresado en el informe, dirigentes del Partido Popular como Aparicio, Arias, Lacalle, Villanueva o Foronda han declarado su preferencia por retirar autobuses a los diez años. De hecho, en el programa electoral de 2011, el PP prometía establecer esa edad máxima en la flota. El problema no es el incumplimiento de esa promesa, sino que la plantearan en unas circunstancias económicas adversas.

Un autobús puede prestar servicio en adecuadas condiciones con más de diez años, y es una frivolidad pretender lo contrario. Los ciudadanos, al oír a un dirigente defender una renovación tan radical de la flota, deberían plantearse cómo se van a pagar los nuevos.

El informe también aborda la evolución tecnológica de los autobuses. Desde hace unos quince años, cada vez incorporan más dispositivos electrónicos que implican un mantenimiento más complejo y más riesgo de averías.

Esta evolución tecnológica hace que sea difícil realizar el mantenimiento correctivo, es decir, la reparación de averías, con medios propios del Ayuntamiento. Para poder llevar a cabo esas tareas se precisa personal altamente cualificado, suministro de recambios, maquinaria específica y software de diagnóstico. El Ayuntamiento podría disponer todos esos medios, pero podría resultar muy costoso. Por tanto, el mantenimiento correctivo externalizado sería una mejor alternativa.

Si bien es cierto que puede ser más ventajoso que una empresa externa se encargue del mantenimiento correctivo, lo ideal sería contratarlo con el servicio del propio fabricante. En su lugar, actualmente se tiene contratado con una empresa del grupo Monbus, cuya experiencia en el mantenimiento de autobuses Volvo y de Gas Natural es nula, y muy reducida en el caso de los Iveco.

El informe se decanta por el renting, pero con un periodo de trece años. En realidad, esto puede resultar contradictorio porque si no se debe establecer una edad límite concreta a los autobuses, sería más razonable que el Ayuntamiento pueda disponer de su propiedad.

En todo caso, y ante los cambios tecnológicos y sus consecuencias en la gestión, es necesario reflexionar qué mecanismos son los mejores. Todo ello con el objetivo de tener un servicio de transporte público de gestión sencilla, con una adecuada calidad y optimizando los recursos. Por el contrario, el Partido Popular sigue sin rumbo en lo que a tan importante servicio se refiere.

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