Burgos – 16 de diciembre de 2025
Ayer el presidente del gobierno hacia un balance de los dos años de legislatura, echaba balones fuera en torno a los casos de acoso machista de su partido y anunciaba que desde la segunda quincena de enero estaría disponible un abono de transporte de 60 € (30 € si tienes menos de 26 años). No es la primera vez que se habla de ello, pero parece que es la definitiva, más cuando el presidente ha pedido / invitado al resto de administraciones a sumarse a esta medida y lograr así la tan ansiada interconectividad.
Si bien la medida es interesante, a la vez que ambiciosa, cabe preguntarse a quien beneficiaria realmente. Porque nadie duda que para un usuario habitual del Avant entre Burgos y Madrid sea una buena noticia que por solo 60 € pueda ir y volver durante todo el mes; pero, para quien vive en Cardeñadijo, en Villagonzalo – Pedernales, o los usuarios del Transporte Urbano de Burgos, ¿es realmente útil este abono? ¿es rentable?
Un usuario de la Red de Transporte Urbano de Burgos que haga al menos dos viajes al día con la tarifa general (0,24 €) se gasta en un mes unos 15 euros, es decir, una cuarta parte de lo propuesto por el presidente del gobierno. Por su parte, un usuario de la red de transporte metropolitano, empadronado en la provincia, y con la tarjeta BusCyL se gasta en un mes la increíble cantidad de 0 €. En ambos casos no tiene sentido que, ni Junta ni Ayuntamiento, se adhieran a la propuesta.
Pero, ¿y en otras ciudades? Quedémonos en Castilla y León. En Palencia, por empezar por alguna parte, el titulo ordinario cuesta 0,67 € (sin bonificación al 50%). Por lo que, teniendo en cuenta el escenario planteado anteriormente, un palentino o palentina se gasta unos 40 €, es decir 20 € menos que la propuesta. En Valladolid (0,75 € sin bonificación) su ciudadanía se gastaría 45 €; pero en esta ciudad ya hay una tarifa mensual de 38 € para empadronados, en cualquier caso, más barato que la propuesta. León, 0,75 € el viaje, es decir 45 €, o 36,15 € el bono mensual, y un abono anual (308 €) que sale mejor que la propuesta (60 € x 12 meses = 720 €). En Zamora, 0,70 € el viaje, 42 € o 40,50 € con el abono mensual; hay también con un abono anual más barato que la propuesta. Ávila, 42 € con el bono ordinario o 22 € con el mensual; Segovia, unos 25 €; o Soria, 39 € con el bono ordinario o 8,60 € el mensual.
Y podría seguir poniendo ejemplos de fuera de CyL, pero de lo que nos daríamos cuenta es que en casi todos los casos (sí ya se que hay ciudades donde es más caro) el transporte urbano y el metropolitano (allí donde no existen los Cercanías) sale más barato que esos 60 euros al mes que ha propuesto Sánchez. Por desgracia, en un país en el que es más fácil ir de Ourense a Madrid que a Lugo, la propuesta del presidente del gobierno no es ni seria ni realista. En un país donde un vecino del Casar de Cáceres tiene que usar su coche para acercarse a Cáceres, de nada sirve proponer abonos mensuales y pedir a autonomías y ayuntamientos que se sumen a él.
Porque esta medida, así como otras de ayuda al transporte impulsadas por otras administraciones, vuelve a quedarse corta para la realidad de nuestros territorios. Hasta ahora quienes han gobernado ha sido frívolos con el problema y se han centrado (cuando lo han hecho) exclusivamente en la financiación o en los descuentos, ignorando que el problema del transporte público tiene tres patas: la financiación, las líneas y las frecuencias. Si solo se hacen mediadas en una de ellas, la solución es claramente insuficiente, beneficiando solo a una parte de la población.
En vez de medidas populistas copiadas a países europeos, lo que necesita este país es inversión y colaboración entre administraciones. Lo que necesitan los españoles y españolas es que, tanto el presidente como el ministro del ramo, se dejen de anuncios grandilocuentes, quejas y reproches y se pongan a gestionar. Que se invierta en redes de trenes regionales que vertebren de manera eficaz los territorios, en transportes metropolitanos e interurbanos del tipo que sean que no tengan solo cuatro frecuencias al día, que se legisle en favor del transporte público y se baje los precios de los servicios de titularidad pública por mucho que no sea lo más rentable.
Porque la gracia de los servicios públicos es precisamente eso, que son servicios, no productos. Son algo pensado para mejorar la vida de la gente y que no tenga que depender de ella misma para todo. Porque sí, lo queremos todo y para ello está el Estado. La fortaleza de un Estado y un gobierno que se dice progresista no está en hacer las promesas más bonitas, sino en las políticas más útiles.
Mientras no exista en este país una red de trenes vertebradora, un transporte interurbano que nos acerque y un transporte urbano que nos permita rechazar el uso del coche de manera voluntaria, seguiremos teniendo un país a dos velocidades. Eso sí, una de ellas tendrá un abono de 60 € mensuales.
