Reclamamos una AP-1 libre con supresión “progresiva” de peajes hasta otoño de 2018

Tras el fallecimiento de cinco personas ayer en el tramo que conecta Burgos y Miranda de Ebro de la N-1, desde Izquierda Unida volvemos a incidir en la peligrosidad de esta carretera y como ya van numerosas víctimas las que se ha cobrado. Esta situación es insostenible y más conociendo como existe una Autopista de Peaje (AP-1) que recibió la concesión en el año 1974 para una explotación de 20 años y como va a terminar prorrogándose hasta los 44 años, por aspectos muy concretos. Vemos la enorme diferencia de una autopista que resulta rentable para la empresa privada cuya explotación se prorroga y otras autopistas por las que apenas pasan coches han sido sin embargo rescatadas por el Estado.

Esta situación de la que son responsables tanto el PSOE que en sus respectivos gobiernos a nivel central ha optado por prorrogar siempre el contrato de la autopista con la concesionaria y del PP que por inacción ha sido corresponsable no planteando ningún tipo de alternativa o solución más allá de mejora puntuales y totalmente insuficiente de la N-1. Sin embargo, cabe resaltar todas las movilizaciones y esfuerzos de las diferentes localidades y poblaciones de la zona exigiendo una solución definitiva para una carretera con una siniestralidad enorme.

Por todo ello y ante la situación en la que se encuentra una autopista que debería acabar su contrato en 2018, desde IU exigimos conociendo la proximidad de la fecha:

Primero: que se dote presupuestariamente de los recursos necesarios para la realización de accesos a dicha autopista para acceder desde las diferentes localidades, ya que hasta el momento el Partido Popular ha ignorado totalmente este aspecto.

Segundo: Que no haya más prorrogas u ampliaciones del contrato de la AP-1, ya que cada año de ampliación implica poner en riesgo más vidas. Es necesario que la autopista revierta a lo público y si fuera posible en el momento actual en base a cláusulas de incumplimiento del contrato o retrasos. En de mantenerse la fecha de fin de contrato en 2018 serían necesarias medidas transitorias o la intervención del Estado para garantizar la gratuidad de acceso a la autopista durante los meses restantes. (No es ni razonable ni justo que esta medida se hiciera en lo que se conoce como peaje en la sombra durante diferentes gobiernos como el de Aznar pagando hasta 4,2 millones en un año para abaratar en una cantidad nimia el pago del peaje y ahora se venda esta medida como imposible)

Tercero: La gratuidad de la autopista. No sería razonable que una vez que dicha autopista fuera pública siguiera teniendo un coste que únicamente contribuiría a que las personas sin recursos que no pueden pagar el peaje sigan jugándose la vida, la reversión tiene que garantizar el libre acceso por la autopista y en ningún caso seguir jugando con la vida de personas con un tramo tan peligrosos como la N-1 entre Burgos y Miranda.

La conclusión es clara, no se puede seguir poniendo en riesgo la vida de personas en especial la de trabajadoras y personas sin posibilidades económicas para pagar un peaje de 20 euros de Burgos a Miranda, ida y vuelta, a las que se las obliga a jugarse la vida.

¡No queremos más víctimas! ¡Es imprescindible la reversión a lo público y la gratuidad de la AP-1 ya!