Burgos Ciudad

Propuesta de IU Burgos para el pleno de abril 2013: Impedir despidos y precarizacion laboral

IU quiere que el Ayuntamiento de Burgos no destruya empleo y que detenga su política de precarización laboral.

Propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento para impedir la destrucción de empleo tanto en el Ayuntamiento de Burgos como en sus contratas y la precarización de las condiciones laborales de sus trabajadores.

Raúl Salinero Lacarta, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Burgos de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos (B.O.P Nº 17 27/1/2009) fórmula para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno, la siguiente PROPUESTA:

La Institucionalidad española nacida de la Constitución de 1978 se está vaciando de contenido desde la reforma de la propia Constitución en el año 2011 por acuerdo del PSOE y del PP. La reducción de recursos económicos de las arcas públicas, la priorización de una política económica centrada desde el estallido de la crisis en una continuada conversión de la deuda privada (Principalmente del sector financiero) en deuda pública en paralelo a continuos recortes presupuestarios ahogando la economía de nuestro país, la ausencia de un proyecto de país asentado el desarrollo de nuestra economía productiva, una política fiscal cada vez más injusta en beneficio de los grandes capitales y en perjuicio de la ciudadanía, etcétera, unido al continuado recorte del gasto social durante los últimos años en conjunto está construyendo una nueva Institucionalidad que saca a las mayorías sociales progresivamente del acceso al gasto social y poder de determinación democrático.

En definitiva, recortar gasto social, recortar democracia y vaciar de contenido ciudadano la institucionalidad para someterla al mercado en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría social, siendo esta política el denominador común de los partidos de Gobierno que dan soporte desde los inicios de la crisis en la UE a las políticas de la Troika al servicio del capital financiero en una nueva reestructuración de las relaciones de poder en el que los espacios democráticos materializados en la Constitución de 1978 y las instituciones públicas ven reducida su soberanía y capacidad de acción en beneficio de las élites económicas, con la mayoría social como víctima continuada de este saqueo.

El Plan Montoro fue un adelanto determinante de todo esto, a lo que ahora se une con un nombre eufemístico que oculte lo comentado la denominada Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Esta Ley es un atentado a la autonomía municipal pues limita de forma considerable las competencias que pueden ser desarrolladas por el Ayuntamiento al mismo tiempo que “centraliza” su gestión para poner cortapisas a su gestión cercana y participativa de los vecinos y vecinas, y por ende a su capacidad de demanda de servicios que se verán alejados tras la entrada en vigor de esta reforma, potenciando a las Diputaciones, institución no elegida por sufragio universal directo, reduciendo los recursos económicos de los Ayuntamientos con el objetivo de privatizar servicios que actualmente desarrollan los municipios para sacarlos del Sector Público hacia las cuentas de beneficios de las empresas privadas y proceder al adelgazamiento de las plantillas de empleados públicos de la Administración Local.

El Ayuntamiento de Burgos ha apostado por la reducción del 15% de los contratos en su Plan de Ajuste, lo que unido al marco institucional diseñado por el PP tendrá como consecuencia salvo que el equipo de Gobierno cambie su gestión las siguientes realidades:

  • Destrucción de empleo directo al haber competencias que desaparecerán y pasarán del sector público al privado.
  • Privatización de las competencias obligatorias que con la financiación del ayuntamiento –y transferencia estatal- no cura toda su gestión. Este punto es determinante porque prueba que el trasfondo de todo esto es la conversión de los servicios públicos en negocio privado en perjuicio de la mayoría social para reducir la inversión en gasto social, introduciendo aquí el beneficio mercantil como elemento rector y reproductor de los servicios afectados, lo que llevará a una reducción de la calidad del servicio.
  • Contratación de los servicios en los que la precariedad laboral y los bajos salarios serán la norma. Se destruirá empleo, y las contratas para mantener el nivel de beneficio aumentarán la precariedad laboral sin que el Ayuntamiento tome parte activa en esta cuestión.
  • Imposibilidad de creación y disolución de aquellas sociedades o entidades públicas empresariales municipales que no se autofinancien. Esto tendrá como primera consecuencia una precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, imposibilitará la remunicipalización de servicios públicos privatizados en el pasado para dar un servicio de calidad, que ahorre costes cuyo actual fin es el beneficio privado, y poder darles así una gestión social, lo que además en conjunto dificultará enormemente la creación de empleo público.
  • Papel principal al Convenio entre administraciones frente a la creación de entidades estables. Esta reforma limita toda posibilidad de creación de entes que hagan posible la ejecución de los derechos laborales a la estabilidad del empleo.  El convenio entre administraciones lo único que fomenta es la inestabilidad de los trabajadores (contrato por obra o servicio determinado –el propio convenio-) y la inestabilidad del propio servicio que podrá ser disuelto o disminuido en cualquier momento por la administración conveniente.

A C U E R D O.

  • Oposición del Pleno de Burgos a la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
  • Política activa del Ayuntamiento de Burgos en que no se reducirá personal laboral tanto en cuanto a funcionarios como a trabajadores de contratas del Ayuntamiento.
  • El Ayuntamiento de Burgos se compromete a que aquellos servicios que sean llevadas por empresas privadas en el acuerdo entre Ayuntamiento y Empresas sea condición ineludible el no recorte de personal y unas condiciones laborales dignas, porque de lo contrario el Ayuntamiento será corresponsable de los despidos y de estar fomentando un mercado laboral que somete a los trabajadores a la precariedad, inestabilidad, bajos salarios, etc.
  • La exigencia de una Ley de Financiación Local que fije un tanto por ciento fijo de financiación para los Ayuntamientos del conjunto de recursos económicos de las administraciones públicas de forma que le permita cubrir adecuadamente sus competencias.

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