La Junta prioriza el pago de deuda y los préstamos a empresarios frente a los servicios públicos

Para Izquierda Unida de Burgos, el Presupuesto autonómico 2012 presentado por la Junta de Castilla y León supone un gravísimo paso más en el desmantelamiento de lo que queda de nuestro estado social por la vía del recorte de gasto público y especialmente el gasto social, una fiscalidad cada vez más regresiva y perjudicial con las clases populares además de unos presupuestos que al ser pro cíclicos con la crisis económica que estamos viviendo sólo servirán para destruir empleo, tejido social y económico y en definitiva hundir más nuestra economía a la vez que se empobrece a la población. Estos Presupuestos se suman a los también drásticos recortes experimentados por el presupuesto autonómico de 2011.

El Presupuesto es previsto en un escenario macroeconómico con un decrecimiento económico previsto en la región del -1,5%, lo que incluye una previsión de pérdida de 30.000 empleos. En nuestra opinión una previsión realista situaría la tasa de variación prevista del empleo en nuestra región entre el -3,5% y el -4% en 2012, lo cual implica que, en este escenario, se destruirán entre 35.000 y 40.000 empleos a lo largo del año como consecuencia directa de este Presupuesto.

Se presupuestan unos ingresos por valor de 9.720 M€, lo que representa una disminución de 325 M€ (3,2%) respecto al 2011. En este sentido nos parece fundamental señalar la disminución del componente principal, los ingresos por operaciones corrientes, que es aún mayor que la del total de ingresos: un 3,8% (en 2012, los ingresos corrientes previstos ascienden a casi 7.755 M€, 302 M€ menos que en 2011). Los motivos son otros que los señalados por la Junta, ya que las transferencias corrientes (es decir, los fondos procedentes de la PAC, las transferencias corrientes procedentes del Estado -fundamentalmente, el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos-) únicamente se reducen en 6 M€ (un 0,2%), representando unos 2.878 M€. Por el contrario la razón principal es la disminución de la recaudación impositiva: la recaudación por impuestos directos se reduce en más de 78 M€ (-3,9%) y la recaudación por impuestos indirectos disminuye en casi 103 M€ (-3,6%), siendo así la causa fundamental la caída de las rentas y del consumo.

En este sentido la Junta se niega a abordar una restructuración de los ingresos desarrollando una fiscalidad progresiva que grave las rentas del capital incrementando los ingresos públicos a través de la imposición directa utilizando las competencias autonómicas sobre el IRPF y también sobre el Impuesto de Sucesiones, pese al enorme potencial de estos instrumentos en términos de una posible mayor recaudación y una distribución de la renta más equitativa. No en vano, en Castilla y León los impuestos indirectos aportan al presupuesto autonómico 822 M€ más que los impuestos directos. Si comparamos con otras CCAA a partir de datos de 2011, en Castilla y León los impuestos indirectos aportaban un 50% más que los directos, mientras que en las CCAA con el mismo régimen de financiación autonómica el promedio es del 36%. Por el contrario lo que se hace dentro de la vía de los ingresos es que el denominado “ajuste” se haga recaer principalmente en el lado de los impuestos indirectos (en total, unos 165 M€ adicionales), por los escasos 39 M€ adicionales que aportará el Impuesto sobre Patrimonio por el lado de los impuestos directos.

En el apartado de los gastos es de gran importancia reseñar el incremento de los gastos por operaciones financieras por valor de 273 M€ (un 80,7%), debido al fuerte crecimiento de los pasivos financieros (un 80,4%), capítulo constituido sobre todo por amortizaciones de deuda, pero también de los activos financieros (un 80,9%), un capítulo constituido sobre todo por préstamos que la Junta realiza a empresas derivadas (Que ya cuentan en nuestra región con unos cuarenta mecanismos de beneficios fiscales). Este crecimiento de los gastos por activos financieros pasa de representar unos 174 M€ a unos 314 M€, lo que quiere decir que en un momento en el que la Junta afirma no tener recursos para mantener la financiación de sus políticas básicas (inclusive los servicios públicos y la inversión pública), sí tiene recursos para proporcionar financiación a empresas privadas en unas proporciones que crecen a gran ritmo y que no se justifican de ninguna manera, siendo un nuevo ejemplo de cómo la Junta sigue beneficiando a las rentas altas de nuestra región empobreciendo a las clases populares.

Por otra parte las medidas de recorte que redundan en recortes de personal ocasionarán una pérdida de 5.800 empleos en la Administración Pública de Castilla y León, de los cuales unos 1.400 corresponden al sector de la sanidad y unos 1.000 corresponden al sector de la educación, con lo cual además de empeorar el conjunto de los servicios sociales se ataca directamente a dos sectores básicos para la población como el de la Sanidad y la Educación, sectores que en Castilla y León sufrirán un grave deterioro a la vez que se acelerará su proceso de privatización.

Además hay una fuerte reducción de los gastos por operaciones no financieras que se concentran en los gastos por operaciones de capital, que disminuyen casi 657 M€ (un 34,5%), la que hay que sumar la realizada en 2011 (626 M€). El resultado es que la inversión pública del gobierno autonómico se ha reducido a una tercera parte de la existente en 2010, hasta los 797 M€ de 2012, cargando así los recortes que requiere el cumplimiento del objetivo del déficit sobre los gastos de capital (la inversión pública). En concreto dentro de los gastos de capital las inversiones reales se reducen 393 M€ (un 46,6 %), por lo que prácticamente se paralizan. Mientras, las transferencias de capital se reducen casi 264 M€ (un 24,9%).

Los servicios sociales en su conjunto sufren graves recortes. Por ejemplo el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se reduce casi 52 M€ (un 5,9%); la educación es otro servicio público básico que sufre importantes recortes, reduciéndose el presupuesto de la Consejería de Educación más de 149 M€ (un 7,1%), pasando de 2.102 M€ a unos 1.953 M€, a lo que se añade al experimentado en 2011, por importe de 122 M€.

El presupuesto de la Consejería de Economía y Empleo es el único que crece, pasando de 581 M€ en 2011 a 606 M€ en 2012, pero este es un dato profundamente manipulado ya que de esta partida se concentrarán la mayor parte del incremento previamente descrito de los gastos por activos financieros (fundamentalmente, préstamos a empresas privadas a largo plazo), por importe de unos 140 M€ en 2012. De esta forma la financiación de políticas de empleo también se va a reducir en unos 140M€.

Sobre el resto de sectores habrá que hacer un cálculo más preciso a medida que vaya avanzando el proceso en las Cortes, pero ámbitos como las infraestructuras, el medio ambiente, la agricultura y ganadería y la cultura y el turismo los Presupuestos prevén reducciones cercanas al 20%, partidas que ya se redujeron notablemente en el Presupuesto del 2011.

A todo esto hay que sumarle el nefasto proceso de privatización de nuestras Cajas de Ahorros, con mención especial para el caso de las Cajas integradas en Bankia.

La conclusión de este Presupuesto es una profundización de la crisis económica en nuestra región, la caída de los ingresos públicos tanto directos como indirectos, por lo que la Junta se verá obligada si no cambia su política económica a realizar más recortes del gasto público.

Desde Izquierda Unida de Burgos llamamos a combatir en la calle y en las instituciones esta política oligárquica realizada por el PP con la connivencia en muchos casos del PSOE (Como por ejemplo los sucedido en las Cajas de Ahorros o globalmente el compartir la política de reducción del gasto público en vez de enfrentar una reforma fiscal integral y progresiva, combatir el fraude fiscal, y en definitiva un cambio de la política económica al margen de las lógicas del FMI, la UE y el BCE.) que no tiene otro final que sumir al país y a la región en la pobreza, el colapso económico en beneficio de unas reducidas élites, etc. Hacemos un llamado a la movilización y apoyo a las distintas huelgas y luchas sociales que se están produciendo, remarcando que es necesario revertir toda esta política empezando por nacionalizar las Cajas de Ahorros, nacionalizar los sectores estratégicos de nuestra economía como la energía con una gestión social y participada, acometer la mencionada reforma fiscal, etc.