Izquierda Unida muestra su “total apoyo” a las movilizaciones y huelga estudiantil 26F

Desde el IU Burgos apoyamos la huelga del 26 F convocada por todos los colectivos estudiantiles y la Plataforma por la escuela pública, laica y gratuita de Burgos ante la situación provocada tras la aprobación del RD 43/15, además mostramos nuestro total rechazo a las acciones del actual gobierno que ponen en riesgo el actual sistema público de educación.

Izquierda Unida muestra su “total apoyo” a las movilizaciones y huelga estudiantil de la próxima semana contra el ‘Decreto 3+2’ y la reforma universitaria

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación, señala que “IU denunció desde antes mismo de su aprobación esta norma porque, entre otros motivos, el acceso a la formación superior supondrá costes inasumibles para la gran mayoría de las familias ante el elevado coste de los másteres, se eliminarán carreras y se despedirá profesorado”

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, muestra su “total apoyo” a la convocatoria de movilizaciones y huelga estudiantil para los próximos días 25 y 26 contra el ‘Decreto 3+2’, al tiempo que “secunda el llamamiento a toda la comunidad universitaria, movimientos sociales y ciudadanía para exigir la derogación de este decreto de supuesta ‘ordenación’ de los estudios universitarios”. 

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación, señala que “IU denunció desde antes mismo de su aprobación este ‘Decreto 3+2’ porque, entre otros motivos, el acceso a la formación superior supondrá costes inasumibles para la gran mayoría de las familias ante el elevado coste de los másteres. Esta norma supone, además, la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario”.

El mencionado decreto por el que se modifican las enseñanzas universitarias y las enseñanzas oficiales de doctorado, que permitirá a las universidades implantar carreras de 3+2 -tres años de grado y dos de máster, frente al sistema actual de 4+1- supone una nueva imposición de José Ignacio Wert. El Gobierno le dio vía libre por el empinamiento del ministro, pese al varapalo a su contenido por parte del Consejo de Estado, pese a la manifiesta oposición de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) y sin que haya habido un debate con la comunidad universitaria. Tampoco lo hubo a nivel político ni social y no existe una evaluación de la implantación de esta modificación legislativa de los nuevos grados y una justificación creíble de las propuestas. Estas modificaciones “nos retrotraen a la anterior estructura de Diplomatura-Licenciatura (3+2, con titulación intermedia de diplomatura), supone decretar el fracaso del 4+1 (o 4+2), sin ningún tipo de evaluación diagnóstica sobre los resultados y rendimiento del sistema 4+1”, advierte Díez, cuya valoración coincide con lo denunciado por el Consejo de Estado y el propio ministerio indicaba en su expediente.

“El problema de fondo es que el cambio de Licenciaturas en Grado+Máster (4+1) con el Plan Bolonia lo único que supuso en la práctica fue una excusa para aumentar brutalmente las tasas del 5º curso de licenciatura. Ahora se quiere profundizar aún más con el modelo 3+2, dadas las elevadas tasas que tienen los másteres en España”, completa su análisis el dirigente federal de IU. Con este decreto los grados pasan a tener un carácter ‘básico’ y ‘generalista’, como explica el mismo decreto. “Es decir, que no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral de la abogacía, el periodismo o la ingeniería, por ejemplo”, afirma Enrique Díez.

Para lograr esa cualificación ‘especializada’ -según el texto del decreto- será necesario cursar un máster que pasa de un año a dos de duración, lo cual duplica su precio. Si actualmente los másteres de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros, con el nuevo decreto tendrán que afrontar el pago de dos años, lo que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido con suficiente prestigio para acceder al mercado laboral en condiciones de menor precariedad y temporalidad. Así, tan sólo una minoría privilegiada será la que pueda costearse los estudios universitarios. “En definitiva –expone el coordinador del Área de Educación de IU-, lo que pretende el PP es establecer un ‘corte selectivo’ en la educación superior, recortando su acceso mayoritario de 5 a 3 años. Quitará así valor a los títulos de grado universitarios, los más accesibles, condenando a lo/as jóvenes a la precariedad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Esta reducción supone también recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los cinco años de las licenciaturas, ahora sólo serán los tres de grados, trasvasando a las familias el coste global de los másteres y beneficiando a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad”.

Izquierda Unida considera que si se quiere optar por una vuelta al 3+2 para homologarnos con buena parte de los países europeos, eso exigiría homologarnos también en la financiación pública de las universidades. Las tasas de los másteres deberían tener el valor de las tasas de las antiguas licenciaturas –mientras conseguimos avanzar hacia la gratuidad de la Universidad-, como ya sucede en 11 países europeos de nuestro entorno, aplicando de forma inmediata esta gratuidad en los grados. Buena parte de los Estados de la Unión Europea optan por una política radicalmente distinta a la de España: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. El Consejo de Estado en su rechazo al ‘Decreto 3+2’ subrayó que es difícil alcanzar la ‘homogeneización’ argumentada por el Ministerio para sacar adelante su propuesta, ya que podría darse el caso en nuestro país de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra. Ello llevará a la competitividad y a desigualdades entre universidades de la que ya alertan algunas comunidades autónomas. Además, “la reforma tendrá también efectos devastadores entre el profesorado”, señala Díez. Si el reciente incremento de un 66% en las tasas, la reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas ha supuesto la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, con este decreto se expulsará a muchos más (hoy del 1,4 millones del total de estudiantes universitarios, sólo en torno a 100.000 pueden estudiar un máster). Esto lleva aparejada la expulsión masiva de profesorado universitario cuando se suprima un curso entero en los grados.

Por todo ello, IU apoya las próximas movilizaciones convocadas en todo el Estado por el Sindicato de Estudiantes, ante las reformas en educación superior que plantea el gobierno del PP. “Entendemos que hay que recuperar la movilización y que la ciudadanía debe votar en consecuencia en este decisivo año electoral para aprovechar la ocasión de cambiar las cosas”, considera Enrique Díez.