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IU pide la dimisión de la Secretaria de Estado de Educación

Las Áreas de Educación y Juventud de IU piden la dimisión de Montserrat Gomendio, actual Secretaria de Estado de Educación, ante su irresponsabilidad manifiesta al frente de un Ministerio de Educación que debería defender y mejorar lo público, en vez de convertirlo en negocio para la banca.

Las declaraciones de Montserrat Gomendio planteando que la universidad debe “evolucionar” de un sistema de becas hacia otro de préstamos, nos encamina a la creación de una nueva burbuja hipotecaria a costa de los estudiantes universitarios. Detrás de esta propuesta lo que hay es una forma de avanzar hacia la privatización y defender unos determinados intereses que ya no son los públicos. Se está así creando una generación que serán “esclavos y esclavas de sus deudas” hasta su jubilación. Cuando estalle esa burbuja, quienes perderán no serán los banqueros que prestaron, sino los estudiantes que pidieron.

EEUU ya ha generado esa burbuja con los créditos universitarios de estudiantes que se entramparon para pagar la matrícula y que en medio de la crisis ni trabajan ni pueden devolver los préstamos que les tiene endeudados con intereses exorbitantes. En la actualidad, el 71 % de los estudiantes que obtienen un título de posgrado cargan con una deuda media de 29.400 dólares al acabar sus estudios. Cuando empiezan su carrera profesional deben empezar también a devolver esos créditos. Así que muchos universitarios y universitarias se ven obligados a aceptar cualquier empleo para poder devolver sus préstamos. En España, con el actual índice de paro, sería una auténtica hipoteca de por vida, que condicionaría a la pobreza y la miseria a las tituladas universitarias más aún de lo que están actualmente.

Con ese precedente, sustituir en España las ya exiguas e insuficientes becas por préstamos no sólo es una barbaridad, sino que es una forma de entrampar e hipotecar de por vida a quienes quieran acceder a estudios superiores. Por el contrario, Izquierda Unida exige que las becas se aumenten, se generalicen las becas salarios y desaparezca el aumento de los requisitos académicos para obtenerlas (debe ser suficiente un rendimiento «normal», expresado en el aprobado), pues su finalidad no es competir, sino facilitar el derecho a estudiar.

La deuda se quiere convertir así en un elemento central de la condición estudiantil en la actualidad, basada en la conjunción de la troika recortes-tasas-deuda. Una deuda que disciplina a los estudiantes de forma preventiva. No sólo les disuade de especializarse en algo que reduzca su posible “empleabilidad” futura, sino que les introduce en el “habitus capitalista” de considerar la enseñanza superior, no como un derecho universal, sino como una inversión rentable de cara a su propio futuro.

Izquierda Unida defiende una Universidad gratuita financiada con una recaudación de impuestos progresivos y la recuperación de la bolsa de fraude. Los servicios públicos, como la educación superior, sólo son accesibles en igualdad de condiciones si son universales y gratuitos. La inversión pública en el sistema universitario español se sitúa a la cola de los países de la UE-15. El Estado español sólo dedica el 1,1% del PIB a la educación universitaria, mientras que países como Estados Unidos alcanzan el 3% de su PIB y la media de la UE-15 sobrepasa el 2%. En vez de esto, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han ido aplicando políticas de financiación de la universidad por vía del incremento de las tasas a los estudiantes que han podido acceder a este derecho público.

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