IU critica el convenio del Consorcio de Villalonquéjar por su imprecisión y condiciones de pago

Con motivo de la aprobación de las cuentas de 2013 del Consorcio de Villalonquéjar fase 3 y 4, se realizó una auditoría externa. Dicha auditoría expresaba que de tratarse el Consorcio de una empresa normal, se tendría que disolver y liquidar debido a su inviabilidad económica, hecho que no se ha producido por ser el Ayuntamiento miembro del mismo.

La realidad del Consorcio en junio de este año es que los valores de los terrenos, y que por tanto los posibles ingresos, se sitúan en los 72 millones de euros, mientras que la deuda, según nuestros cálculos a la baja es de 125 millones de euros, lo que supone un desfase de 53 millones de euros.

Según el convenio, el Ayuntamiento de Burgos tiene que hacer aportaciones económicas al Consorcio para rescatarlo en tres ejes:

-Para hacer frente a la sentencia del TSJ (Tribunal Superior de Justicia), que aumentaba el justiprecio de las expropiaciones, se prevé una aportación municipal, de tal manera que en el 2018 se habrán pagado 15 millones de euros.

-Aportaciones para hacer frente a la deuda financiera, que en junio de este año supone 5,4 millones de euros en intereses vencidos, y siendo el Ayuntamiento el que asuma el pago de estos intereses y del capital en el caso de que el Consorcio no sea capaz de ingresar por venta de suelo.

En  las mismas condiciones que el anterior se prevé que el Ayuntamiento aporte 650.000 euros para hacer frente a las deudas con acreedores acumuladas desde 2010.

Esto supone que en los dos próximos años, si el Consorcio no es capaz de tener ingresos, el Ayuntamiento pagará 11,5 millones de euros.

IU no está de acuerdo con este convenio por tres razones fundamentales:

Primero.-  De los dos socios que conforman el Consorcio, sólo el Ayuntamiento arrima el hombro en forma de cheque en blanco
Segundo.- El Convenio tiene demasiadas vaguedades, imprecisiones, e incluso contradicciones, lo cual perjudica al Ayuntamiento.

Tercero.- Se traslada el problema principal a 2016 en adelante. Es un parche costoso.

A través de este convenio, la Fundación bancaria Caja de Burgos elude cualquier responsabilidad. Recordemos que la gestión administrativa del Consorcio, es decir, la gerencia del mismo, fue encomendada a Caja de Burgos, que también forma parte del Consejo Rector del Consorcio. La Caja es quien se encargó y se encarga de proponer las decisiones estratégicas (financieras, urbanísticas, inmobiliarias, etc.) al Consejo Rector, y realiza las tareas necesarias para llevarlas a cabo. Con este nivel de decisión y acción que tuvieron y tienen, ahora eluden su responsabilidad.

Aprobar este convenio es asumir que los estatutos del Consorcio se han cumplido, a sabiendas de que no ha sido así. Por definición, un Consorcio de estas características surge de la unión de la Administración Pública, Ayuntamiento, con una “entidad sin ánimo de lucro”, que sería Caja de Burgos. Se ha demostrado el afán lucrativo de la Caja, y reflejo de ello son los préstamos contraídos por el Consorcio con la entidad financiera. A lo anterior se suma que Caja de Burgos, como Gerente del Consorcio, recibía y recibe retribuciones por los servicios prestados, equivalente 2% sobre los gastos y el 2% sobre los ingresos.

Una pieza clave en el convenio de rescate es el pago de las expropiaciones, con motivo de la sentencia del TSJ. La sentencia dictó un incremento del precio de los terrenos expropiados, lo que suponía el pago de 12,5 millones y establecía un plazo para abonarlo de un año; de no realizarse se procedería al embargo de los terrenos del Consorcio para su posterior subasta pública. En la misma sentencia se establecía que a la cifra inicial se sumara los intereses de demora en su incumplimiento, lo ha supuesto que se alcancen los 13,5 millones de euros en junio de este año.

El Convenio establece aportaciones municipales en cuatro años que corresponden al principio de acuerdo con los expropiados para el fraccionamiento de la deuda con estos en periodo igual.

A raíz de la sentencia, el Consorcio tendría que haber pagado 12,5 millones de euros, cifra que se incrementará hasta los 15 millones en el 2018, que es el último año en el que se pagará el la deuda.

De los 15 millones de euros, el Ayuntamiento aportará 13,75 millones de euros o 13, 6 millones, las cifras varían en el convenio. Para llegar a los 15 millones de euros totales, la Fundación bancaria Caja de Burgos firmará un préstamo de 1,2 millones de euros a un interés del 4% que será asumido por el Ayuntamiento en el caso de que el Consorcio no venda suelo. Estamos radicalmente en contra de que la Fundación Caja de Burgos, miembro del Consorcio, saque tajada de todo esto. A río revuelto, ganancia de pescadores.

El cumplimiento de la sentencia ha sido demorado de forma deliberada tanto por el PP como por Caja de Burgos, lo que ha supuesto un incremento de la cantidad con motivo de los intereses de demora. IU propuso hace más de un año y medio que el Ayuntamiento destinara una partida presupuestaria para hacer frente al pago, propuesta que fue rechazada por el PP y que tampoco encontró apoyo en el PSOE. Esta demora ha supuesto un enorme incremento en el precio final del pago; sobrecoste que asume el Ayuntamiento y por tanto los ciudadanos.

El convenio prevé trasladar el grueso del problema de deuda a partir de 2016. Se prevé una renegociación de parte de la deuda financiera que asciende a la cifra de 107 millones de euros para garantizar dos años de carencias de pago (se pagará únicamente intereses sin amortizar capital) hasta 2016, sin aumentar el plazo de vencimiento de los préstamos, y que por tanto supone que la mayoría de los préstamos que tienen fijada su fecha de vencimiento para 2018, se tendrá que pagar el capital acumulado en los dos años de carencia más los intereses de ese tiempo. No hay que ser un gran economista para entender que en el periodo de 2016 a 2018, la presión para pagar los préstamos aumentará considerablemente.

Por todo ello, IU se posiciona en contra de este convenio, que es otra operación que sirve como fuente de ingresos a una entidad privada de manera ilegítima, con el beneplácito del Ayuntamiento, que no repara en este tipo de gastos mientras mantiene una postura opuesta a la hora de recortar derechos sociales y económicos.