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Garoña como ariete de las eléctricas para que el Gobierno subordinado elabore un marco legal a su medida.

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Pedro de Palacio, Coordinador Provincial de IU, calificó de “inmoral y escandalosa” la aprobación, el pasado viernes, del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas en el Consejo de Ministros. Así mismo segura que “se trata de un cambio de crea el marco legal favorable de Nuclenor”. El Real Decreto que permitirá a los propietarios de la central de Garoña solicitar, a pesar que ya ha expirado, la reapertura hasta el 6 de julio, a consideración de De Palacio, “afecta gravemente a la viabilidad de la seguridad en las centrales, cuyas terribles consecuencias conocemos todos y todas”.

Según indica De Palacio, la decisión tomada por el Gobierno, no es casual. “Partiendo del dato que Nuclenor está participada al 50% por Endesa e Iberdrola” continuo diciendo que “días antes de que el Consejo de Ministros aprobase el Real Decreto, José Sánchez Galán -presidente y consejero delegado de Iberdrola-  expreso que Garoña era una central segura que debía reabrirse”, para que días más tarde, el Gobierno aprueba una norma que posibilita su apertura. Para De Palacio se demuestra así, quién son los que ejercen el poder en nuestro país, por una parte la clase oligárquica, representado en este caso por las empresas energéticas, con la convivencia de la clase política subordinada, que nos imponen un marco legal que nos pone en peligro.

El Coordinador Provincial, recordó que el pasado 14 de febrero la Audiencia Nacional emitió una sentencia en la que afirmaba que el cierre de la central nuclear debía ser efectivo. Con el recién aprobado por el Consejo de Ministros, es fruto de una estrategia jurídica retorcida, que no contradice la sentencia, en la que se indicaba que no se podía reabrir Garoña en el marco legislativo existente, pero este Real Decreto cambia el marco legislativo, diseñado a medida de las eléctricas con intereses en una empresa nuclear, Nuclenor.

De Palacio, hace especial hincapié, “se sabe que Nuclenor y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llevan meses negociando en secreto para elaborar esta nueva normativa”, continuó diciendo “vivimos en un régimen corrupto, donde el PP pone a disposición de los interés de las eléctricas al CSN, para que se reducca la seguridad nuclear para satisfacer los interés privados, en lugar desarrollar su verdadero cometido que es el de observar el cumplimiento de la normativa y de las normar de seguridad”.

El Real Decreto, como ha expuesto De Palacio, “abre la puerta a revertir el cierre cuando este supuestamente se produzca por motivos económicos y no de seguridad”. Durante su explicación indica que para llevar cualquier instalación a los niveles de seguridad requeridos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es invertir más dinero. En el caso de nuestra provincia, Garoña tendría que invertir más de 130 millones de euros para realizar los cambios requeridos por las pruebas de estrés y del propio CSN.


De Palacio, indica que para Izquierda Unida, Garoña es la excusa que las eléctricas está utilizando para conseguir un régimen legal a su medida,  que se prolongue la vida de las plantas a 60 años  y que se elimine el impuesto sobre los residuos de alta actividad.

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