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García advierte que la privatización de AENA amenaza la continuidad del Aeropuerto de Burgos.

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El coordinador de movilidad de Izquierda Unida, Héctor García, ha analizado la privatización de AENA y sus posibles repercusiones en Castilla y León.

El proceso de privatización de AENA comenzó en 2011, durante la segunda legislatura del PSOE. Este mes se ha aprobado que el Estado conservará el 51 % del capital de la empresa, un 28 % cotizará en Bolsa mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) y el 21 % restante pasará a manos de inversores mediante un proceso de concurrencia. Se puede destacar que Iberia ha descartado entrar en AENA, mientras que Ryanair sí está interesada.

Hay que señalar que AENA, con capital mixto, seguirá gestionando todos los aeropuertos españoles. Parte del Gobierno se ha mostrado partidario de agrupar instalaciones en paquetes homogéneos (con aeropuertos rentables y no rentables) y facilitar la existencia de varias empresas, con lo que habría competencia.

Por otro lado, la valoración de los activos de AENA ha ido reduciéndose en los últimos años, pasando de unos 30 mil millones de euros en 2008 a menos de 15 mil millones en la actualidad Esta cifra es inferior a las inversiones realizadas en los últimos años, como las ampliaciones de Madrid o Barcelona o las obras en León o Burgos.

 También se ha aprobado el Documento Regulador de Aeropuertos (DORA), que permitirá el control del Estado sobre temas como el sistema tarifario, las inversiones y la capacidad de las instalaciones. En este documento no se especifica que deban mantenerse operativas todas las terminales, y desde el Gobierno ha habido ambigüedad en este tema.

La entrada de capital privado implicará que se buscará la rentabilidad económica, algo que debe preocupar en Castilla y León, cuyos cuatro aeropuertos presentan unas exiguas cifras de uso, e importantes déficits y deudas acumuladas. También destacan por las fuertes subvenciones a las aerolíneas. Ni siquiera la suma de viajeros de las cuatro terminales alcanzaría la cifra de millón y medio anual que se considera umbral de rentabilidad.

Hay que señalar, no obstante, que mientras en el aeropuerto de Burgos, las cifras mensuales de viajeros de 2014 son inferiores a las de los mismos meses del año pasado, en el aeropuerto de León ha habido varios meses con resultados positivos. Habría que analizar qué se está haciendo en ambos casos.

Hace unos meses, el Partido Popular de Valladolid presentó una moción en el Ayuntamiento para pedir la racionalización de los aeropuertos de Castilla y León y el fomento de la terminal de Valladolid. Esta moción contó con el apoyo del PSOE, y fue rechazada por IU. Esa moción de forma implícita suponía pedir que se cerraran los demás aeropuertos de la Comunidad.

El rechazo de IU se basó en no apoyar una propuesta claramente localista, en que un Ayuntamiento no debe pedir el cierre de instalaciones de otras ciudades y en que, si bien la política de infraestructuras de PP y PSOE se ha basado en el despilfarro, debemos evitar que se abandonen las instalaciones ya operativas.

Será necesario que las entidades locales y la Junta de Castilla y León actúen de forma conjunta, analicen el DORA y lleven a cabo las medidas necesarias para facilitar la viabilidad de los aeropuertos castellanos y leoneses. En el caso de Burgos, habría que analizar el papel de la Gerente del Consorcio y el tema de Goodfly, porque perjudica la imagen y el trabajo de la institución.

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