CrisisEspaña

De Palacio en nombre de IU muestra su rechazo absoluto a la Ley Mordaza.

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Declaraciones de Pedro De Palacio, Coordinador Provincial de IU Burgos:

El rechazo de Izquierda Unida hacia la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’ es absoluto. Esta ley responde a una situación muy concreta, en la que las élites económicas y su Gobierno del PP saben que el proceso de empobrecimiento al que someten a nuestro país y a la mayoría social hará que la protesta social siga aumentando, y quieren meternos el miedo en el cuerpo y sancionarnos con multas para reprimir dicha protesta social y que la ciudadanía tenga miedo a manifestarse.

El Gobierno de España intenta aplicar aquello que decía Maquiavelo de que es mejor ser temido que ser amado (la segunda situación no se ha dado en nuestro país). El aprovechamiento por parte de las élites económicas y los Gobiernos para empobrecer al país y a la mayoría social ha ido generando una movilización social creciente contra estas políticas. El 15-M, las Mareas, las Marchas de la Dignidad culminadas por una manifestación en Madrid de dos millones de personas, etcétera unido al duro revés sufrido por el bipartidismo en las elecciones europeas el 25-M han hecho saltar todas las alarmas entre los que quieren que toda siga igual situando al pueblo al margen de las decisiones fundamentales que rigen la vida política y económica del país. Desde hace un par de años, la escalada de represión política ha ido aumentando exponencialmente, a través de astronómicas sanciones económicas y penas de prisión injustificables con objetivos disuasorios, etc.

La Ley Mordaza es el culmen de la regulación legal de esta oleada de ataques contra derechos individuales y colectivos, cuyo fin es criminalizar la protesta social y a quienes luchan por una democracia real, estableciéndose Estados de Excepción encubiertos. La mala utilización de los Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de las Delegaciones del Gobierno y el Ministerio del Interior, la amenaza económica (las sanciones en este ámbito llegarán hasta los 600.000 euros, una cantidad disparatada e inasumible para la mayoría social, pero por encima de todo utilizar los maltrechos bolsillos de los/las españoles/as como una amenaza para que no se manifiesten ante el peligro de multa), los registros e identificaciones gratuitos y la expulsión de la vía pública de los viandantes por indicios de “alteración” del orden público pretenden alejar a las personas de los focos de movilización social.

Es obvio que esta ley es la una herramienta de un Gobierno situado al margen de la lógica democrática y subordinado completamente a las élites económicas para intentar frenar la protesta social, la construcción desde la calle de proyectos políticos que dificulten sus intenciones de empobrecernos y éste sea el punto de partida de una alternativa política y social para construir un nuevo país en coherencia con los intereses de la mayoría social.

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