Evidentemente estamos viviendo una situación excepcional desde el punto de vista sanitario. Es posible que la más grave y absorbente en muchas décadas. Las administraciones públicas, todas, con más o menos acierto y con mayor o menor rapidez, han respondido al reto tan grave de salud, insuflando mucho dinero, entre otras cosas, como no puede ser de otro modo, para combatir y atenuar los efectos de la pandemia entre la población.
También en Burgos y en el HUBU (Hospital Universitario de Burgos), pero aquí nos encontramos con un conflicto, un problema: éste funciona como un complejo engendro de gestión pública – privada.
¿ Qué implica esto?,
pues surge la primera duda:¿ las millonarias inversiones imprescindibles que está efectuando la Junta de Castilla y León como administración responsable, en adaptaciones, ampliaciones, equipos, material,…, las está llevando a cabo en exclusiva? ¿La empresa concesionaria, Eficanza, no está obligada por el oneroso (para la ciudadanía) contrato suscrito a coparticipar en esos gastos? De ser así, ¿ lo está haciendo?
Una de las mayores y merecidas críticas que se ha hecho al concierto que en su día se suscribió es, en primer lugar, lo oscurantista y desconocido que resulta, y en segundo término, lo complejo del mismo, lo que da lugar a continuas interpretaciones diferentes entre las dos partes y la litigación permanente a la que da lugar. En este caso, nos podemos encontrar en una nueva situación de este tipo, donde sea en exclusiva la Administración pública la que afronte estos pagos. Pero no es este el único problema que desde nuestra organización progresista, IU que defiende el modelo público de gestión de un servicio esencial como es la Sanidad, encontramos.
Otro tema, también muy importante, es lo concerniente a la cuota que mensualmente la Consejería de Sanidad debe abonar a la susodicha empresa, la UTE Eficanza, que, aunque tampoco brilla por su transparencia pública, sí que lo hace por su dimensión: siempre, siendo muy optimistas, por encima de los 10 millones de euros mensuales como mínimo. Esta cantidad, además, se va ajustando en tiempo real en virtud de la actividad, el consumo, etc. Desafortunadamente ahora, esa actividad está disparada. ¿Eso va a implicar que la concesionaria es posible que no solo no contribuya a los elevadísimos gastos extraordinarios, sino que incremente de forma muy significativa su facturación en estas semanas de locura?
¿ Podremos saber prontamente ese dato? ¿ No sería completamente anómalo y amoral que esto sucediera así?, pues esto, de confirmarse, supondría que, en un momento tan crítico como el actual, la empresa en cuestión viera incrementados sus beneficios. Algo verdaderamente insólito y poco comprensible, resultado del galimatías poco ético que supone el modelo vigente.
Y ya para terminar un último aspecto relacionado con el Hospital y la situación tan difícil que vivimos. En estos mismos días han salido en diferentes medios de comunicación locales declaraciones de diversos trabajadores y trabajadoras del HUBU, estos sí auténticos héroes y titanes, en las que de una manera discreta, pero tajante, valoraban de forma muy negativa la eficiencia del modelo de funcionamiento, recordemos que « público-privado», en cuestiones tan esenciales ahora como la flexibilidad para acceder a material, los horarios no coincidentes entre los sanitarios y los empleados de la concesionaria,… ¿ Es ésta la eficiencia y la practicidad de este modelo, que nos intentaron vender como mucho más eficaz?
Quizás, por la cuenta que nos trae a todas y todos, de esta tremenda situación podamos sacar alguna consecuencia en relación con la situación aquí planteada: la necesidad de recuperar para lo público el HUBU en todas, sin excepción alguna, vertientes.
Gracias y, sobre todo, salud para todas y todos.
